AMAC, con 67 ayuntamientos asociados, ha aprovechado la invitación a los medios españoles a Bélgica y Holanda con el fin de conocer otros ATC europeos, para lanzar una andanada contra el proceso de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) -dependiente de Industria-, para encontrar un lugar al ATC.

Las críticas tienen lugar cuando el debate sobre la energía nuclear está en pleno apogeo en España y la UE, y los residuos nucleares son precisamente el punto más débil de esta energía.

Según Mariano Vila, gerente de AMAC, lo hecho hasta ahora «es un fracaso». El mayor fallo se deriva de «la falta de participación pública, de información y de las prisas», señaló. Vila considera «un error» fijar la fecha para tomar la decisión, sin considerar la opinión de los ciudadanos.

«Si se actúa mal, podemos inmolarnos», llegó a declarar Vila antes de «exigir» un nuevo proceso sin calendario en el que la información y la participación ciudadana se lleven el tiempo necesario. «Sólo así será posible un ATC», aclaró recordando lo ocurrido en agosto en el municipio zamorano de Peque, donde el alcalde ofreció su pueblo para el ATC y los vecinos se le echaron encima con serio riesgo personal.

Eso sí, AMAC se guarda una carta en su manga, porque previsiblemente uno de sus municipios será el lugar elegido. «Si algún Ayuntamiento nuestro presenta la candidatura, los demás le apoyaremos». Y añadió: «Siempre y cuando se nos garantice que todos seguiremos recibiendo las compensaciones por tener residuos nucleares en nuestros territorios».

Estas compensaciones pueden prolongarse durante décadas, puesto que una vez cerrada la nuclear seguirán allí los residuos otra década más para que reduzcan su actividad y emisión de calor. El reactor nuclear no será desmantelado hasta 20 ó 30 años después por las mismas razones.

Industria ofertó en la primavera pasada a través de anuncios el chorro de cientos de millones de euros que tendrían los ayuntamientos que alojen el ATC. Pero ocurrió lo de Peque, cuyo alcalde se quedó sólo, sin apoyos de su partido ni de las instituciones, ante las graves amenazas que recibió. Esta alarma detuvo el proceso al estar próxima la campaña electoral de las municipales.

Ahora comienza una situación parecida, porque en septiembre empieza la campaña de las elecciones generales, y durante el verano no se puede hacer nada porque los pueblos candidatos están llenos de antiguos vecinos y veraneantes, más reticentes hacia la energía nuclear.

Los plazos pueden prolongarse por tanto hasta otoño de 2008, con un nuevo Gobierno que puede, incluso, modificar los planes. Y además, fuera de plazo técnico para construir el ATC a tiempo y almacenar los residuos radiactivos que Francia devolverá a España en 2010, tras haber sido reprocesados allí. El no tener el ATC implica un elevado pago diario a los franceses.

Por si fuera poco, las organizaciones ecologistas siguen con la espada en alto contra el ATC, mientras no haya un plan de cierre de las nueve plantas nucleares del país. Las ONG han demostrado su capacidad de movilizar a la opinión pública contra el ATC. Esta reivindicación es llevada al Congreso por el grupo de IU-ICV, que mantiene una incesante tarea parlamentaria sobre la cuestión.

Mientras, los residuos están en las piscinas de las centrales a la espera de que se cumplan los plazos eternos en los que dejarán de ser peligrosos y se decida su ubicación temporal por 100 años. Luego habrá que llevarlos a otro sitio, del que sabe todavía menos.