Las industrias de electrónica reclaman que ese canon no supere el 5% del precio de sus productos para no distorsionar el mercado, mientras las sociedades de gestión de derechos de autor argumentan que el daño que se hace a los creadores va en aumento, por lo que las tarifas de este impuesto no deben tender a la baja.

«El objetivo político del canon en la Unión Europea es que todas las copias no retribuidas que hace el público tengan una mínima compensación para los autores. Si el objetivo del canon fueran sólo las copias legales (las llamadas copias privadas) no lo necesitaríamos ya que ésas son las menos», declaró esta semana a EL MUNDO el director de Relaciones Corporativas de la Sociedad de Gestión de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré.

En su opinión, «la ley quiere que el sector tecnológico invierta una pequeñísima parte de sus enormes beneficios en el sector cultural. De otro modo, un sector crecería injustamente a costa del otro, lo que es absolutamente insostenible tanto desde una perspectiva social como económica».

Acusaciones

Desde la SGAE, los autores admiten la importancia creciente del canon como «instrumento para remunerar el trabajo creativo». Algo que debe mantenerse, e incluso incrementarse, dado que, como señala Farré, «el comportamiento consumidor enriquece a los fabricantes a costa de perjudicar a los autores. Las industrias de tecnología venden más conforme se hacen más copias legales e ilegales y el canon trata de mitigarlo».

En su opinión, antes de fijar el importe de canon que gravará cada equipo de audio y vídeo, el Gobierno debe considerar todas las copias, no sólo las legales, «porque de no hacerlo así, se vulnerará la finalidad del legislador».

Para las sociedades de gestión, la polémica social y «el estado de confusión que se ha creado con respecto al canon, no contribuyen a resolver el problema», como señala Josep María Puig de la Bellacasa, presidente del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). «Una polémica vacía, ya que el canon es una realidad asumida por todos. La cuestión pendiente son las tarifas que, a falta de acuerdo entre sociedades de gestión y fabricantes, tiene que fijar el Gobierno».

Aunque las siete sociedades gestoras de derechos de autor que operan en España tienen objetivos y criterios distintos, coinciden en reconocer como un grave inconveniente la «incomprensión» y el rechazo social del canon. «Intenté explicar en mi gimnasio que era razonable que pagaran a la SGAE por poner música en sus salas. Pero no me entendieron», explica el responsable de esa sociedad de autores, Carlos Toro.

La visión de los autores choca además con la de las industrias tecnológicas que asumen el canon digital como lo que establece la LPI: «Una compensación equitativa que ha de percibir el autor y que recaudan las entidades de gestión, pero que, en ningún caso, busca perseguir ni reparar el delito de la piratería», apuntan los fabricantes representados por Asimelec.

Precisamente, la plataforma todoscontraelcanon formada por representantes de la industria y los usuarios entregarán hoy en el Ministerio de Industria más de un millón de firmas contra el canon que grava los dispositivos electrónicos que pueden reproducir o copiar.

Esta plataforma está formada por 28 organizaciones entre las que se encuentran patronales del sector de la electrónica y las telecomunicaciones, asociaciones profesionales, representantes y asociaciones de consumidores.

La plataforma considera que el canon es «pan para unos pocos y hambre para todos en pocos años tal como ha sucedido con el mercado de los CD y DVD» que «antes generaban impuestos y negocio y hoy sólo generan mercado negro y venta ilegal».