En su sentencia 13/2007, de 18 de enero, que ha pasado inadvertida hasta ahora, el Constitucional deja claro que no acepta que una autonomía pueda pactar bilateralmente su financiación con el Estado al margen de las demás y, mucho menos, imponer en un Estatuto autonómico la cantidad económica que debe recibir cada año del Estado. Sigue en

El caso se refiere a la llamada deuda histórica andaluza. El Tribunal falló en contra de la Junta y del Parlamento de esta comunidad, que habían presentado un recurso por considerar que el primer Gobierno del PP (1996-2000) no facilitaba los recursos financieros necesarios para Andalucía, incumpliendo, según su versión, una disposición de su Estatuto de Autonomía.

Las razones esgrimidas para rechazarlo pueden hacer temblar a la Generalitat. En el fundamento octavo, el Constitucional deja para casos futuros esta afirmación: «La autonomía financiera de las comunidades, correlato imprescindible de su autonomía política, debe necesariamente partir de la consideración de que dicha autonomía financiera ha de tener en cuenta los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (...). Es evidente la necesidad de que en este ámbito se adopte la decisión correspondiente de forma coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas en el seno de un órgano en estén representados todas éstas y aquél».

El Estatut establece, sin embargo, que la financiación catalana es fruto de un pacto bilateral entre Cataluña y el Estado, sin supeditarse al sistema común de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que agrupa a Estado y autonomías.

Apoyo unánime

En la sentencia andaluza actuó como ponente el vicepresidente del Tribunal, Guillermo Jiménez, considerado de la corriente conservadora. Pero recibió el apoyo casi unánime (ver información adjunta) del Tribunal, incluida la presidenta, María Emilia Casas. El TC prepara ya como gran prioridad del año su respuesta a los recursos, entre ellos el del PP, en contra del Estatut por considerarlo inconstitucional.

La Generalitat ha dejado claro que uno de los principios motrices para dotarse de un nuevo Estatut fue mejorar su financiación y, por eso, se dotó de un capítulo específico al respecto. Además, previó una cesión de gestión de impuestos propia e incluyó una disposición adicional que impone que «la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años». Sólo en 2007 recibirá por este concepto más de 600 millones de euros extras de los Presupuestos del Estado.

Pero el Constitucional establece que «dotar de carácter vinculante a una voluntad autonómica no sólo anularía la potestad exclusiva del Estado para configurar el sistema de financiación de las comunidades que considere idóneo, sino que le privaría de ejercer sus potestades de coordinación y de solidaridad (...) entre las diversas partes del territorio español». «Sería tanto como conceder un derecho de veto a una comunidad sobre el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado». Este apartado tumba también el artículo del Estatut sobre que «el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades antes de la nivelación». Es el que limita su solidaridad. En la Generalitat lo justifican, porque «en ningún país federal del mundo sucede que una parte del territorio pierda puestos en su capacidad financiera tras aplicar el sistema común».

Se estima que el conjunto del Estatut supone una inyección adicional de fondos de 6.000 millones anuales más para Cataluña.