Pero el voto particular que emitió Pérez Tremps en la sentencia sobre la deuda andaluza, no se desmarca de sus compañeros por autonomista, sino por lo contrario. Él considera que se han quedado cortos al admitir que, a pesar de todo, caben diferencias en el sistema de financiación autonómica en cuanto al método de concreción. «Los principios de igualdad y solidaridad y la propia unidad del Estado no toleran la existencia de sistemas de financiación diversos, salvo en los supuestos en que constitucional o estatutariamente se prevén singularidades generales [País Vasco y Navarra, archipiélago canario y Ceuta y Melilla]», sostiene Pérez Tremps.

En sus alegaciones sobre el Estatut, el propio abogado del Estado pide al Constitucional que relativice el capítulo financiero. «Si el Estatuto recogiera principios inconciliables con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, los mismos carecerían de eficacia», Y hasta pide que no se tome en serio la promesa extra de invertir en Cataluña: «No es más que un compromiso político que no vincula al legislador presupuestario». Su objetivo es intentar que, en vez de la anulación directa, el Constitucional emita una sentencia interpretativa que, con el mismo resultado de restar fuerza al Estatut, evite la bofetada política. En la Generalitat creen que, tal como afronta el Tribunal el capítulo financiero, quizá esa sea ya la mejor solución.