Y es que ayer, nada más conocer la noticia, el SUP (Sindicato Unificado de Policía) se apresuró en mostrar su descontento ante la medida. Para el sindicato, el refuerzo por el que se ha optado es «insuficiente», y tendrá poca efectividad, entre otras cosas porque «la mayor parte» de los nuevos agentes «se marchará» al cabo de un año.

Esto se debe a que los agentes que se presentan hoy en el complejo policial de Canillas pertenecen a la promoción XXI-A, preparada en la Academia del Cuerpo Nacional de Policía. Por este motivo deben cumplir de «forma obligatoria» un año de servicio en Madrid. Una vez pasan los 365 días, la mayor parte de los policías se decanta por solicitar «vacantes en otras provincias».

Para el SUP, lo que la Comunidad de Madrid necesita son alrededor de 4.300 policías nacionales más de los que goza en la actualidad. A esta falta se le suma la gran fuga de efectivos a otras regiones, donde el mismo sueldo que cobran en Madrid puede dar lugar «a una mayor calidad de vida».

El año pasado, en el Concurso General de Traslados de septiembre, se marcharon 132 agentes y quedaron desiertas 301 plazas. Según el SUP, la Comunidad llegó a perder 433 funcionarios en una semana. La situación no es nueva y se repite en cada Concurso General, por lo que el SUP plantea la siguiente solución: un plus de 600 euros mensuales para los agentes destinados a Madrid.

El SUP también demanda más medios, tildando de «escasos» los existentes en la actualidad. Ya en marzo de 2006, Felipe Brihuega, secretario provincial del SUP, valoraba positivamente la incorporación de 883 agentes, pero se quejaba de que «no aumentaran los medios materiales» y de que el parque automovilístico estuviera «en quiebra».

El sindicato finalizó ayer su comunicado acordándose de las palabras de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ofreciendo a la Delegación de Gobierno un acuerdo para sufragar el «coste de la incorporación inmediata de 3.000 policías nacionales y guardias civiles». Según el SUP, «ninguna administración regional podrá pagar a funcionarios que no dependan de ésta», por lo que el acuerdo sería inviable.

El pasado 7 de febrero, la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, aseguró que el aumento de 3.000 agentes reclamado por la Comunidad de Madrid podrá «ser más ambicioso». Fue durante un encuentro que mantuvieron el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid para abordar la seguridad regional. La cumbre se saldó con buenas intenciones y propósitos por parte de todos.