El argentino Ocampo ha realizado unas declaraciones en esa línea al periódico The Sunday Telegraph. Tras explicar que cualquier persona cuyo país haya reconocido al TPI puede ser procesada por este tribunal, Ocampo anima a los países árabes a admitir la potestad de este organismo para, así, poder denunciar al presidente de EEUU y al primer ministro británico. El fiscal general reconoce que si algún país presentara una denuncia, él estaría dispuesto a investigarla.

En un momento de esa entrevista con el periódico británico, a Ocampo se le pregunta de una forma directa si sería posible que algún día Bush y Blair podrían sentarse en el banquillo del tribunal de La Haya. «Por supuesto, eso es una posibilidad... Cualquier país que se adhiera al Tribunal sabe que cualquiera que cometa un delito en su territorio puede ser procesado por mí», es la respuesta que ofrece.

El problema es que los países árabes no reconocen ese tribunal y, por tanto, no pueden presentar denuncias. Irak, recuerda el propio fiscal, estuvo a punto de hacerlo antes de que se produjera la invasión de su país en 2003.

Irak, ¿nuevo miembro?

Ocampo (Buenos Aires, 1952) hizo historia cuando actuó como fiscal contra Jorge Rafael Videla y el resto de la cúpula militar argentina que dirigió el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el posterior genocidio de miles de personas. Desde entonces, no ha parado de luchar en defensa de los Derechos Humanos.

El fiscal general del TPI explica que el actual embajador de Irak ante Naciones Unidas, Hamid Bayati, le ha explicado que su país está considerando de forma seria la posibilidad de suscribir el Tratado de Roma por el que reconocería al tribunal.

Esto permitiría, en caso de que se crea conveniente, a Irak, presentar una denuncia formal contra Bush y Blair por crímenes de guerra. Es poco probable, precisamente, porque el actual régimen iraquí se sustenta en el apoyo de estos dos países.

De producirse la situación de la que habla Ocampo, Bush no tendría mucho que temer, ya que Estados Unidos no acepta al tribunal y rechaza, por tanto, que cualquier ciudadano de su país sea puesto a disposición, y menos aún juzgado por el TPI. El Reino Unido sí se sumó al Tratado de Roma.