Las movilizaciones anunciadas para mayo por los sindicatos si no se solucionaba la falta de profesores han podido forzar la decisión de Maragall de reunir la subcomisión de seguimiento de la aplicación de la sexta hora para informar sobre el número de profesores disponibles para el próximo curso. Una radiografía global de la situación docente en Cataluña que ya solicitaron los sindicatos hace unas semanas y que parecía no tener respuesta por parte del Govern.

Durante el balance del primer año de la aplicación del Pacto Nacional para la Educación, el conseller remarcó que, actualmente, se aplica la sexta hora «al 80% de los alumnos de la escuela pública». Teniendo en cuenta que esta cifra pertenece a centros donde ya se han resuelto los problemas de sustitución, Maragall aseguró que se espera «llegar al 90% en aquellas poblaciones que tengan menos de 5.000 habitantes». Una decisión que no concuerda con la «dilatación» de la medida que requerían los sindicatos para asegurar las correctas condiciones laborales de los profesores.

Por su parte, USTEC-STEs, que no firmó el Pacto Nacional para la Educación, aseguró ayer mediante un comunicado que esta decisión del Govern provoca «distorsiones y malestar» entre los docentes por la falta de efectivos adecuados para cubrir las sustituciones necesarias. La agrupación también lamentó el «poco acierto» del Govern con la elección de Ernest Maragall como conseller, y alentó a la comunidad educativa a «denunciar la aplicación del Pacto» y construir un «frente común» en defensa de la enseñanza pública.

El portavoz de CCOO, Angel Amatller, aseguró que además de la planificación de la sexta hora, «todavía desconocida», existe un gran paquete de mejoras para los docentes aún «por resolver» a pesar de los 21 millones de euros invertidos por la Generalitat para esta materia. Entre ellas, Amatller destacó las consecuencias del crecimiento vegetativo de los territorios y las horas derivadas de las sustituciones de maestros de Secundaria en Primaria. En este sentido, Francesc Colomé, secretario de Políticas Educativas, confirmó que la situación está «normalizada» y que podría volverse a repetir «si fuera necesario».

Con una inversión de 113 millones de euros, un 92% de lo presupuestado, y cinco reuniones desde 2006 -Ernest Maragall sólo acudió a la última-, el Pacto Nacional para la Educación sirve de avance para la consecución de la Ley Catalana de Educación. Una propuesta que el anterior Govern puso en marcha con el ex conseller d'Educació Joan Manuel del Pozo al mando.