De confirmarse y ser aceptada por las televisiones comerciales -punto que no pudo ser confirmado al cierre de esta edición-, esta medida podría suponer de facto el desbloqueo de la tramitación del anteproyecto de ley. Una tramitación convertida últimamente en una especie de guerra de guerrillas entre los distintos sectores, pero especialmente entre las televisiones y el Ministerio de Cultura.

Y es que el borrador del anteproyecto de ley que la ministra Carmen Calvo quiere sacar adelante obliga a los operadores televisivos a invertir un 6% de sus ingresos anuales en la producción y promoción de cine español y europeo. También les limita su capacidad de actuación como coproductores financieros de una película: según la nueva ley, sólo podrían invertir hasta un 60% del presupuesto total de la película, y el 40% tendrían que buscarlo entre productores independientes o, dicho de otro modo, entre productores que no se encuentren bajo el paraguas de una cadena de televisión. Medidas que algunos máximos responsables de televisiones privadas, como Paolo Vasile de Tele 5, han tildado de «puñalada en la espalda de las televisiones» y de «obligación a un sector privado de que financie otro sector privado».

Lo cierto es que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pasó ayer a convertirse en protagonista absoluta en el proceso de debate previo a la aprobación de la nueva Ley del Cine. La número dos del Ejecutivo vivió una jornada auténticamente maratoniana. A lo largo del día se reunió de forma sucesiva con representantes de todos los sectores afectados por la ley: productores, directores (David Trueba, Gracia Querejeta, Agustín Díaz Yanes y Manuel Gómez Pereira), distribuidores, exhibidores y operadores de televisión.

El objetivo de esta irrupción directa de Moncloa en las discusiones del borrador de la nueva ley no ha sido otro que el de terciar en el tenso clima de acusaciones mutuas que se ha venido prolongando durante las últimas semanas.

Sin embargo, por la mañana, y en el transcurso de un acto celebrado en el monasterio de Yuste, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se había mostrado así de tranquila y de satisfecha con su gestión del problema: «Difícilmente una ley se ha negociado más que ésta, por lo que al final será un gran pacto por el cine de este país». Uno de los asistentes a las reuniones de ayer en La Moncloa transmitió a este diario su sensación de que el Gobierno «quiere resolver esto por la vía rápida y sacar la ley sí o sí».

Por su parte, el productor, exhibidor y distribuidor Enrique González Macho, propietario de la cadena de cines Renoir y presidente de Alta Films, acudió a la reunión de Moncloa en representación del sector de la distribución, junto a Andrés Martín (Vértigo Films), José María Morales (Wanda) y Pedro Zaratiegui (Golem). «Hemos salido satisfechos», dijo González Macho, porque nosotros estábamos a favor de las bases de la nueva ley, pero además porque hemos visto que la vicepresidenta quiere sacar adelante esta ley con el máximo consenso posible... para eso tendrá que haber cesión de todas las partes, como en todo consenso».

El pasado 23 de febrero, y al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera ya había adelantado que el Gobierno era favorable a «darse un tiempo para lograr un punto de acuerdo entre los distintos sectores, porque si algo caracteriza a este Gobierno es la búsqueda de consenso y de diálogo, y si no hay suficiente nivel de acuerdo, nos daremos más tiempo para lograrlo».

Aquella misma mañana, la portavoz de Cultura en el Grupo Popular del Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, había pedido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la suspensión de la tramitación del proyecto de ley, y su pase a manos de la Vicepresidencia primera, «por la irresponsabilidad, torpeza y agresividad con que ha sido gestionado por el Ministerio de Cultura».