Y esta queja social se presenta a falta de una semana justa para que venza el plazo que fija la ley para que el Gobierno dictamine el importe del polémico canon.

Para las 26 organizaciones ciudadanas y profesionales que reúne todoscontraelcanon, la imposición de este impuesto digital «crea alarma social y provoca el rechazo de los consumidores». Sus portavoces recordaron ayer que «la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), está impugnada en Bruselas (denuncia 2007/4031), por entender que no sólo infringe la normativa española, sino también la europea.

«El canon introduce una múltiple imposición, ya que se pagan los derechos al comprar o adquirir el contenido (música, vídeo o libro), y se vuelve a pagar por el hecho de almacenarlo en un dispositivo o de moverlo a través de una red de telecomunicaciones», explicó ayer Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de internet y miembro de todoscontraelcanon.

Distorsión comercial

«Nosotros no solo nos negamos al canon sino que introducimos elementos de racionalidad para que no suceda lo que ha pasado con los CD y DVD. Ahora el precio del canon supera el precio del producto y esto hace que el consumidor acuda al mercado negro y compre fuera del circuito por lo que salimos perdiendo todos», denunció Pérez Subías.

En su opinión, uno de los «grandes errores» de la LPI es que mezcla en el mismo texto el derecho a copia privada y la piratería. «El canon no erradica la piratería en ningún caso, en muchas ocasiones incluso la incentiva». Y añadió: «Pensamos que la piratería debe combatirse con otros métodos pero no con un derecho que niega la capacidad de negocio».

Aunque son las que lo sufren más directamente en sus cuentas, las industrias de electrónica asumen el canon, pero reclaman que no supere el 5% del precio de sus productos para no distorsionar el mercado. Mientras, las siete sociedades de gestión de derechos de autor argumentan que el daño que se hace a los creadores -entre las copias legales y las ilegales- va en aumento, por lo que las tarifas de este impuesto deben fijarse al alza.

El martes próximo, 27 de marzo, acaba el plazo que marca la LPI para que el Gobierno determine los equipos y soportes de audio, vídeo y reprografía que pagarán canon digital, así como las cantidades aplicables a cada uno de ellos.

Sin embargo, resulta poco menos que imposible que se respete esa fecha ya que los Ministerios responsables de esa decisión -los de Industria y Cultura- ni siquiera han llegado a un acuerdo por lo que tendrá que intervenir Presidencia del Gobierno y fijar el importe y los equipos gravados por el canon desde Moncloa.

Esperando ese dictamen están además los responsables de Economía y Hacienda y los del Consejo de Consumidores y Usuarios, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. La nueva Ley de Propiedad Intelectual exige la consulta previa a ambos organismos que contarán con 15 días para manifestar su opinión, aunque ésta no sea vinculante, lo que supondrá un nuevo retraso en la decisión.

Tanto las industrias afectadas por el canon, como las sociedades de gestión de derechos aceptan como inevitable el retraso. «La falta de acuerdo entre Cultura e Industria obliga a mediar a Moncloa y todo indica que podrán respetar el plazo del 27 de marzo», señaló ayer una fuente de la Sociedad de Gestión de Autores y Editores. No obstante, los propios afectados reconocen que el retraso que pueda producirse no tendrá mayores consecuencias, ya que el canon que se establezca se aplicará con carácter retroactivo desde la promulgación de la ley.

Aún así, desde la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) «esperan» que «la decisión no se alargue y que se fije un canon sostenible y justo que no perjudique a las empresas ni al mercado», apuntó ayer el presidente de Asimelec, Martín Pérez. El hermetismo gubernamental abre la puerta a las elucubraciones y hay incluso quien pronostica que el canon digital no verá la luz antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo.

El canon digital no es una medida para luchar contra la llamada piratería, es una compensación para los autores por el derecho que tienen los ciudadanos a realizar copias privadas de contenidos protegidos. Es decir, en España está permitido copiar CD o DVD originales, y el canon es una cantidad que se paga a los titulares de los derechos (en principio, los autores).

La LPI define claramente la copia privada como aquélla que puede realizar el consumidor de un soporte original (CD, DVD, Libro) que haya comprado legalmente y siempre que vaya a destinarla a su uso particular. Es decir, hacer una copia de un disco de Sabina para el coche es legal, pero obliga a que el CD virgen pague un canon por los derechos de autor del cantante.

Aun con esta definición, la confusión entre copia privada y piratería es constante. Quizá contribuye el hecho de que, como reconocen desde las sociedades de gestión de derechos de autor, «las copias legales son las menos» y lo que quiere la ley es que«el sector tecnológico invierta una pequeña parte de sus enormes beneficios en el sector cultural».

Desde la Sociedad de Gestión de Autores y Editores, los autores admiten la importancia creciente del canon como instrumento pa ra remunerar el trabajo creativo. Algo que debe mantenerse, e incluso incrementarse, dado que «el comportamiento con sumi dor enriquece a los fabricantes a costa de perjudicar a los autores. Las industrias venden más conforme se hacen más copias legales e ilegales y el canon trata de mitigarlo», afirman.