Sin embargo, el Gobierno español y las empresas involucradas en el proyecto, Hispasat y Aena, están haciendo valer los compromisos acordados en 2005, que fijan «unas tareas operacionales para cada país, que no estamos dispuestos a perder», afirman en fuentes del sector, que acusan a Alemania e Italia de querer reducir las competencias de los centros de trabajo y control que corresponden a España para que éstas vayan a parar a centros y compañías de estos dos países. De hecho, además de las españolas Hispasat y AENA, que controlan sendos paquetes del 12,5%, en Galileo participan el consorcio aeronáutico EADS, Thales, Alcatel Alenis Space, Inmarsat, Finmeccanica y TeleOp.

En concreto, el compromiso firmado por todos los países de la Unión Europea en diciembre de 2005 establece que el centro de satélites de Hispasat en Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) asumirá parte del control de la constelación de satélites de Galileo. Asimismo, la seguridad de navegación aérea recaerá en el centro de AENA en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz.

Además, los ministerios de Industria y Fomento, que son los competentes del Gobierno en este proyecto, se han volcado para que el consorcio elija Barcelona como sede del futuro centro de la Autoridad Supervisora de Galileo (GSA, en sus siglas en inglés).

Desde Alemania e Italia se viene culpando desde hace días a España de los retrasos del proyecto, que debería haber estado cerrado a finales de 2006. Los 27 estados miembros han encomendado a la presidencia alemana de la Unión Europea, que termina a finales de junio, que auspicie el acuerdo definitivo.

A las críticas por los retrasos se ha unido Jacques Barrot, comisario de Transportes de la Comisión Europea, que ha advertido de los riesgos que entraña el proteccionismo industrial de algunos gobiernos europeos, eso sí, sin dar nombres. En declaraciones al diario francés La Tribune, Barrot pide tanto a las empresas como a los gobiernos involucrados en el proyecto que cesen en sus disputas y se pongan a trabajar conjuntamente para que el próximo 10 de mayo, las empresas adjudicatarias hayan constituido una sola compañía operativa y nombren a un director ejecutivo con plenos poderes de decisión. «Los gobiernos deben entender que no tienen nada que ganar apoyando las posiciones, en ocasiones intransigentes, de sus industriales», afirmó el comisario europeo.

Fuentes del sector en Madrid negaron que España sea la culpable del retraso, y que las desavenencias se deben a que tanto el Gobierno como las empresas involucradas «están defendiendo el reparto de competencias pactado». Estas fuentes confían que este próximo jueves, cita del consejo de ministros de Transportes de la UE, se dé desde Bruselas el último espaldarazo al proyecto, cuyo coste total asciende a 3.600 millones de euros. Si no hay nuevos retrasos, el despliegue de un máximo de 30 satélites estará finalizado en 2010.