Conde-Pumpido ha encomendado al 'número dos' del Ministerio Público controlar la legalidad del proceso electoral, según un decreto que menciona de forma expresa la Ley Orgánica de Partidos Políticos y se refiere a la necesidad de evitar cualquier fraude de ley.

El decreto explica que la Fiscalía debe «velar» por la aplicación de la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos Políticos, «evitando cualquier intento de participación de formaciones que, en fraude de ley, traten de continuar o suceder la actividad de partidos que fueron declarados ilegales».