O. TORRES
VITORIA.-
El juez Baltasar Garzón decretó el 26 de agosto de 2002 la suspensión de actividades de Batasuna alegando su supeditación a ETA. Cuando el magistrado se encontraba de excedencia, otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, dictó en enero de 2006 un nuevo auto de suspensión y prohibió, con el informe favorable de la Fiscalía, la celebración de un acto político previsto por la formación ilegalizada en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Baracaldo.
El destino quiere ahora que Garzón sea requerido de nuevo para impedir, en este caso, la presentación pública del programa electoral de Batasuna el próximo sábado 31, adopte ésta la denominación que quiera.
La decisión que pueda tomar Garzón está lastrada, no obstante, por la resolución dictada por el propio titular del Juzgado número 5, que en enero de este mismo año señaló que el movimiento independentista tenía todo el derecho a actuar en política y que veía indicios de que los dirigentes de la izquierda abertzale no estaban controlados por ETA.
El diputado del PP Carlos Urquijo está muy lejos de compartir las tesis de Garzón y pidió ayer a Interior que impida o prohíba la celebración de un acto protagonizado por una formación ilegalizada por el Supremo.
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