El último episodio se produjo el 12 de marzo en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), cuando un ciudadano procedente de Gambia, Ibrahima Bialo Diallo, golpeó con el codo en la boca a un agente provocándole una herida en el labio superior y, a continuación, le propinó un empujón contra una mesa de las dependencias policiales, causándole otra herida en una rodilla, que requirió varios puntos de sutura.

La intención de Bialo era clara. Sabía que cuando sucede un incidente de este tipo se abre un procedimiento penal por atentado a agente de la autoridad y por lesiones. Por tanto, el extranjero tiene que entrar en el país, pasa a disposición judicial y luego, al tratarse de delitos menores, queda en libertad hasta que se celebre el juicio. Luego no acude a la vista y logra el objetivo de quedarse en España.

«Las mafias se están aprovechando de este vacío legal y están utilizando este nuevo modus operandi. Los extranjeros saben que, si agreden a un policía, tienen una causa pendiente y no se les puede expulsar», afirma el portavoz del sindicato policial CEP, Rodrigo Gavilán.

En esta ocasión, intervino personalmente el comisario jefe del puesto fronterizo de El Prat, quien habló directamente con la juez de Instrucción número 3 para explicarle el percance. Así, se celebró un juicio rápido y la juez autorizó que se celebrase el retorno en un vuelo con destino a Banjul (Gambia). La magistrada reconoce que no permitirlo «supondría crear una vía de acceso al territorio español de aquellos extranjeros que, por el hecho de haber delinquido en dicho periodo de espera y que se haya incoado un procedimiento penal contra ellos, tienen la posibilidad de permanencia en nuestro país», según el auto judicial al que ha tenido acceso EL MUNDO.

La juez admite que esta situación podría dar lugar «a una grave inseguridad jurídica y a la proliferación de hechos delictivos como el que nos ocupa con el fin de conseguir acceder al territorio español».

Sin embargo, éste no es el caso habitual y son muchos los que logran permanecer en nuestro territorio. Desde la CEP denuncian la incongruencia de la legislación española, y que un extranjero que no puede quedarse en el país por la vía de la legalidad lo consiga por la vía de la ilegalidad. «Necesitamos que se celebren juicios rápidos. Bajo ningún concepto una persona que agrede a un policía se puede quedar en territorio español. Los errores del Reglamento y la Ley de Extranjería los vuelven a pagar los policías y los ciudadanos», censura Gavilán.

El inmigrante Bialo utilizó todo tipo de estratagemas y un plan sistemático para evitar su expulsión. Entró con un pasaporte falso. Luego pidió asilo político y se lo denegaron, por lo que exigió el reexamen. Cuando ya no le quedaba otra salida, agredió al policía como último recurso.

El avión en el que viajaba es un vuelo de Air Europa que se traslada a Gambia cada dos semanas. Los agentes lo conocen como el avión patera, ya que muchos de los pasajeros vienen con documentación falsa y usurpación de identidad. «En España, la Policía de fronteras está vendida. Estamos indefensos. Nos provocan e insultan constantemente para que se produzca el incidente y tener que abrir diligencias», se lamenta un funcionario que trabaja en aeropuertos.

Según su relato, los agentes intentan a toda costa no caer en las provocaciones porque su objetivo es que el extranjero sea expulsado, pero esto se produce a costa de «que se vulnere constantemente el principio de autoridad de la Policía española».