La polémica se inició a principios del pasado año cuando un grupo de agentes de los Mossos d'Esquadra solicitó poder ponerse el distintivo de reservistas en su uniforme. No sólo les fue negada esta petición, sino que se encendieron las alarmas en el Departamento de Interior, entonces comandado por la actual consejera de Justicia, Montserrat Tura. El responsable de la Policía autonómica, Joan Unió, remitió una carta a los agentes que eran reservistas conminándolos a que se dieran de baja, a pesar de que se trata de un derecho constitucional. La justificación o excusa dada fue que había un problema de incompatibilidades.

Los policías se pusieron en contacto con la Oficina General de Reservistas, con sede en Madrid, donde les dijeron que estudiarían lo sucedido. En aquellas fechas fueron activados dos policías para acudir a dos bases militares, pero se suspendió su traslado a petición del Gobierno catalán.

Las presiones a los agentes reservistas no han cesado desde entonces y, en algunos casos, se han incrementado y en sus propias comisarías sus superiores les han conminado primero, y amenazado con abrirles expedientes después, si no se daban de baja. Los avisos incluían una posible suspensión de empleo y sueldo.