Battisti, condenado en rebeldía en Italia a cadena perpetua por dos asesinatos y colaborar en otros dos, reivindicados todos ellos por el PAC, fue acogido en Francia por François Mitterrand en 1991. En 2004, el Gobierno italiano logró su extradición, pero la policía francesa no pudo notificársela porque prefirió huir, hasta el día de hoy.

La Liga de Derechos del Hombre acusó a las autoridades francesas de no haber mantenido su palabra, y distintos líderes políticos de la izquierda o de la extrema izquierda acusaron al todavía ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, de querer apuntarse un nuevo tanto en la carrera hacia el Elíseo. «Es estúpido», respondió éste. «Existe una ayuda judicial mutua y hay una orden internacional de arresto. ¿Es que la policía francesa tenía que haberse negado a colaborar con la justicia internacional y con Interpol?»

Quienes reprochan a Sarkozy el oportunismo de esta actuación argumentan también que es una falta de respeto a la palabra dada por Mitterrand, quien decidió acoger en territorio francés a los terroristas de izquierdas que hubieran renunciado a la violencia. Es el caso de Jack Lang, consejero especial de la candidata socialista a las elecciones, Ségolène Royal. Según él, el Ejecutivo tenía que haber respetado «la palabra dada por François Mitterrand en nombre de la República» y exige que se respete "la Convención europea de Derechos Humanos».

Derechos Humanos

Además de los juicios celebrados en Italia, en los que los tribunales ratificaron la condena a Battisti, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la denuncia del ex terrorista contra Francia y su decreto de extradición, argumentando que Battisti renunció a su derecho a volver a ser juzgado al optar por la fuga en 2004.

La última oportunidad que le queda a Battisti, reconvertido en escritor de novelas policiacas, es la justicia brasileña. A pesar de que existen acuerdos de extradición entre Italia y Brasil, las autoridades de este país ya han apostado en otras ocasiones por acoger a distintos activistas italianos.

Ségolène Royal no olvida que Italia está dirigida por el socialdemócrata Romano Prodi y optó por una postura comedida, limitándose a comentar que se trata de un asunto entre Italia y Brasil, lo mismo que ayer declaraba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores: «Un asunto de colaboración mutua jurídico penal italo-brasileño».

Para el también candidato a las presidenciales, el centrista François Bayrou, «este hombre debe ser juzgado en Italia porque nunca ha sido juzgado en su presencia». Extremo que es cierto, porque estaba en fuga, aunque en cada ocasión, se hizo representar por sus propios abogados. El socialista Dominique Strauss-Kahn, en declaraciones a Le Monde opinó lo mismo. «Tiene derecho a un proceso justo», y mientras no sea posible, «no debe ser extraditado». Pero, Strauss-Kahn no pudo evitar «pensar que en este contexto particular de las presidenciales haya en este operación ciertas intenciones políticas». Sus palabras se suman así a las condenas expresadas por la Liga Comunista Revolucionaria, que denuncia «un golpe de publicidad electoral» por parte de Sarkozy.