Se ha presentado el canon como una forma de luchar contra la piratería, cuando en realidad se trata de una compensación para los autores por las copias privadas que se hagan de su trabajo. Lo lógico sería pues gravar esas obras repercutiendo sobre las películas o canciones la cesión del derecho a reproducirlas. De esta otra forma la aplicación del canon es difícilmente explicable, porque o bien estamos ante un impuesto del por si acaso, que presume la culpabilidad del usuario de soportes tan comunes como los teléfonos multimedia o los MP3, o bien asistimos a la paradoja de que los autores acaben recaudando no por la calidad de sus obras, sino a costa de un impuesto general sobre el precio de los equipos electrónicos. Se mantiene además en el aire qué aparatos estarán sujetos a la tasa, ya que se ha abierto un gran abanico que incluye a las cámaras digitales y otros que no se utilizan para grabar contenidos protegidos.

Hay que decir que el sistema del canon está vigente en varios países de la UE, si bien la cuantía que ahora exigen en España las sociedades de gestión de derechos de autor está muy por encima de las que aplican otros Estados. Pero es que además su legalidad ha sido cuestionada y la Comisión Europea tiene una denuncia al respecto pendiente de resolver. Por otro lado, son varios los informes que alertan del perjuicio que para Europa tiene esta tasa, ya que hace menos competitiva a su industria frente a la de Estados Unidos o Asia.

Lo absurdo del canon se concreta en que, tal y como está planteado, puede llegar a suponer más de un 100% del valor del equipo objeto del gravamen, lo que supone un freno para la generalización de esta tecnología, clave en la sociedad de la información, y auspiciará el mercado negro. El Gobierno aún está a tiempo de corregir el dislate.