Para el juez no quedan probadas las acusaciones de los delitos sobre la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa de 22 ex propietarios en Terres Cavades que vendieron sus fincas entre 1995 y 2001 a seis euros el metro cuadrado.

En otro orden de cosas se sitúa la venta que realizó el senador por CiU y ex presidente del Puerto de Tarragona, Lluís Badia, de un terreno de 2,8 hectáreas en esa misma zona por un precio de 4,4 millones de euros y que el juez tampoco cree delictiva.

El juez no ve indicios de delito en el hecho de que Angel Fernández, fuera, junto con su hermano, parte interesada en la aprobación del proyecto, puesto que participaba financieramente en promotoras que adquirieron terreno, a pesar de que considera que su actuación podría no ser ética.

El juez admitió la querella presentada por una veintena de ex propietarios de Terres Cavades contra el ex concejal de Urbanisme Angel Fernández (CiU), su hermano Juan y el constructor José Luis García, los tres con intereses en el proyecto de urbanización de cerca de 5.000 viviendas en Terres Cavades, que luego paralizó el Govern.

A instancias de la Fiscalía, el juez también solicitó a la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) el expediente administrativo de la concesión a Centre de Negocis de Tarragona SA -sociedad formada por José Luis García y Juan Fernández- de la construcción de un centro de negocios y un parking en el puerto. Las obras acabaron en 2003, el mismo año en que el entonces presidente de la APT y ahora senador de CiU, Lluís Badia, vendió su finca de Terres Cavades, operación con la que se embolsó 4,4 millones de euros.

Para desestimar esta imputación, que promovió la propia Fiscalía, el juez se basa en documentos que, según los querellantes, no figuran en la causa. Es el caso del acta de una reunión del Consejo de Administración del puerto que aprobaba la concesión administrativa a la empresa de José Luis García y los hermanos Fernández. La ausencia del ex concejal de la reunión no queda acreditada en ningún documento oficial -ya que el acta nunca fue facilitada por la Autoridad Portuaria al juez- aunque sí en las declaraciones del secretario del Puerto, que no pudo precisar si el ex concejal estuvo en la reunión que decidió la adjudicación.

En el auto, el juez considera suficiente razón para la adjudicación directa de suelo público en terrenos del puerto que «siempre se ha hecho así», una afirmación basada en las declaraciones verbales de funcionarios y cargos del Puerto que reconocieron durante sus declaraciones haber votado resoluciones sin conocer su contenido al detalle.

Los querellantes afirmaron ayer que recurrirán la decisión a falta de conocer la decisión de la Fiscalía que, cabe recordar, denunció a 11 personas vinculadas con las empresas de Terres Cavades.

Por su parte, los principales imputados en el caso mostraron ayer su satisfacción por el fallo. El constructor José Luis García denunció la existencia de una figura en la sombra que motivó a los ex propietarios a interponer la querella, teniendo en cuenta que algunos tienen «demencia senil». El ex concejal de Urbanismo, que dimitió por este asunto, anunció acciones contra los querellantes para restituir su dignidad «personal y política» y contra los políticos y medios «que les han sometido a un juicio paralelo».