«Está claro que nosotros no compartimos este optimismo reinante, y tampoco creo que a las televisiones les satisfaga todo esto», aseguraba a este diario Rafael Alvero, director general de la Federación de Cines de España (Fedicine), que aglutina a la mayoría de los exhibidores del país.

Alvero agradeció «profundamente» los esfuerzos llevados a cabo por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, «que nos atendió durante hora y media y con la que pudimos hablar de todas nuestras reivindicaciones». Pero criticó abiertamente la actitud de la ministra de Cultura: «Carmen Calvo aseguró ayer que el tema de la ley está ya desactivado, y no es así en absoluto».

El representante de los empresarios de salas de cine adelantó que seguirán luchando por sus intereses, ya que «en lo anunciado ayer, no figura ninguna de nuestras reivindicaciones fundamentales». Rafael Alvero dijo que en Fedicine se confía todavía en los diferentes tramos de discusión que le quedan al anteproyecto de ley antes de pasar a convertirse en nuevo marco legal para el cine y el audiovisual: «el del Consejo de Ministros, el del Consejo de Estado y el del Parlamentario».

La batalla por la cuota

La Federación de Cines de España mantiene desde hace meses una enconada batalla con el Ministerio de Cultura por la cuestión de la cuota de pantalla. En el anteproyecto de ley presentado el pasado mes de febrero en Córdoba por Carmen Calvo, y que a día de hoy sigue siendo el borrador de la nueva ley, se mantiene esa cuota: la obligación para los exhibidores de que al menos un 25% de las películas programadas al cabo del año sean españolas o de otros países de la Unión Europea (artículo 18 del anteproyecto).

De hecho, la intención inicial del Ministerio de Cultura en lo referente a la nueva ley era incrementar la cuota, de forma que en lugar de que una de cada cuatro películas fuera española o comunitaria, la cifra pasara a una de cada tres. Finalmente, Cultura desechó esa subida, pero ha mantenido la cuota existente (vigente en España desde los años 70) en el anteproyecto de la ley. Una medida que Rafael Alvero sigue considerando «injusta, ineficaz y, lo que es peor, inconstitucional».

En concreto, la Fece basa esa inconstitucionalidad en varios dictámenes emitidos por los catedráticos de Derecho Administrativo José Eugenio Soriano y Rafael Gómez-Ferrer Morant. Precisamente este último pertenece en la actualidad al Consejo de Estado, órgano que deberá examinar y dar curso al anteproyecto de ley antes de que éste sea aprobado en Consejo de Ministros y en el Parlamento.

«Nos sentimos agraviados», dijo Alvero, quien calificó la permanencia de la cuota como «elemento de una política proteccionista que beneficia sólo al sector de los productores, porque en realidad les estamos subvencionando a través de esa obligación de programar películas que, en un mercado libre, no programaríamos».

Otra de las reivindicaciones no atendidas de los exhibidores se centra en la necesidad de que el Gobierno intervenga para regular la posición de abuso dominante en que, según Fece, incurren las grandes distribuidoras, y que fue sancionada hace casi un año por el Tribunal de Defensa de la Competencia. En un comunicado emitido ayer, los exhibidores lamentaban que «el Gobierno deja desamparado al sector frente a las majors de Hollywood».

El presidente de la Federación de Distribuidores Cinematográficos, Luis Hernández de Carlos, respondió a Alvero justificando la postura del Gobierno: «Ya existe una Ley de la Competencia, y no es potestad del Gobierno entrar a regular en materia de precios; la vicepresidenta, que tiene la cabeza muy bien amueblada jurídicamente, lo que ha hecho es decir 'eso se lo ventilan entre ustedes'».

Por su parte, un representante de una de las televisiones privadas más importantes del país, que prefirió mantener el anonimato, dejaba clara ayer la postura de los operadores televisivos tras la irrupción de la vicepresidenta y tras el entusiasmo de Carmen Calvo: «Es que lo de esta ministra es increíble. Ha venido a decir algo así como que la ley ya tenía consenso y estaba preparada para ser aprobada... bueno, pues en las televisiones estamos muy expectantes, y aseguramos que ahora mismo no existe ningún consenso cerrado al respecto». Esta misma fuente aseguró que ayer la número dos del Gobierno tuvo que coger personalmente el teléfono para llamar a los responsables de las cadenas de televisión y templar gaitas tras el exceso entusiasta de Carmen Calvo sobre la ley.

El anuncio hecho el lunes por la noche de que Cultura desistía en su intención de aumentar de un 5% a un 6% la inversión obligatoria de las televisiones en cine español -intención que figuraba en el anteproyecto de ley presentado por Carmen Calvo- fue bien recibido por los responsables de las cadenas. Pero no lo consideran suficiente: «Vale, es como si te dicen que ya no tienes cáncer, pero tienes una hepatitis de caballo», explicó esta fuente.

Limitaciones a las TV

Lo que de verdad preocupa a directivos de televisión como Maurizio Carlotti, de Antena 3, o Paolo Vasile, de Tele 5, no es ese 1% que ahora se les perdona. La auténtica madre del cordero es, según ellos, esa noción de protección del productor independiente que figura en el anteproyecto de la ley, y que limita claramente la capacidad inversora de las televisiones en su papel de productoras de cine. El Gobierno pretende limitar esa inversión a un 60%, de forma que el 40% restante sería aportado por productores independientes. «No sólo nos obligan a invertir mucho dinero en cine español; además nos dicen a quién tenemos que dárselo», lamentan.

El comunicado hecho público ayer por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas fue así de claro en sus términos: «Uteca se ve en la obligación de desmentir a la ministra de Cultura y declarar que no ha consensuado ningún anteproyecto de Ley del Cine con ella ni con ninguna otra instancia del Ejecutivo». Y añadía: «Uteca vuelve a reiterar que la colaboración y el compromiso de las televisiones privadas con el cine español no puede apoyarse de nuevo sobre una obligación impuesta por una ley que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo en vía contenciosa-administrativa y que puede ser declarada inconstitucional y contraria a los tratados de la UE».