Ayer se trataba de debatir y votar la segunda proposición no de ley de las presentadas por el primer partido de la oposición como reacción al atentado de diciembre en la T-4 de Barajas.

El Partido Socialista, con ayuda de todos los demás partidos, rechazó ayer la proposición que pedía instar al Gobierno a perseguir las actividades públicas de la ilegalizada Batasuna.

La anterior proposición del PP la defendió Ignacio Astarloa y se le dio tratamiento estelar en el partido. Ayer actuó como portavoz Eugenia Martín de Mendizábal, inédita hasta ahora en la tribuna. Es decir, hasta el propio PP se boicoteó en un debate con ausencia de sus dirigentes más relevantes, pero, en todo caso, el resultado final fue el mismo.

El resto de partidos, en correspondencia, solventó el trámite con poco brillo, con intervenciones breves desde el escaño y con duras críticas al PP por actuar como «propagandista de Batasuna».

Textualmente, la proposición no de ley decía que «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar instrucciones al fiscal general del Estado para que persiga todas las actuaciones públicas y convocatorias de los miembros y dirigentes de la ilegalizada Batasuna con el objeto de cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la sentencia del Tribunal Supremo por la que se ilegaliza a Batasuna».

Después de la de Navarra, el PP ha convertido ésta en la semana de Batasuna, y al debate de ayer le seguirá la batería de preguntas al Gobierno sobre este asunto hoy en el Congreso.

La portavoz del PP aseguró ayer que, con consentimiento del Gobierno, «Batasuna actúa como si fuera legal y eso es un fraude de ley, es un fraude al Estado de Derecho y enseña a los españoles que en esta democracia de Zapatero se pueden conseguir objetivos políticos por la fuerza y por el chantaje».

Uno tras otro, todos los portavoces fueron acusando a los populares de forzar este tipo de debates por interés electoral y partidista. Por ejemplo, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, les acusó de actuar de «manera frívola y poco interesante.

Según dijo, tras el atentado de Barajas el Congreso sólo debe decirle a ETA que «la única salida es el cese definitivo e irrevocable de la actividad armada», y a Batasuna que «su única salida es rechazar la violencia».

Josep Maldonado, de CiU, le dijo al PP que «cuando un partido pasa a tener monográficamente un único tema, una de dos, o no tiene más alternativas, no tiene más temas que le preocupen o quiere hacer del terrorismo un debate monolítico».

Todos explicaron la diferencia legal entre un partido ilegalizado, que no puede presentar sus candidaturas, y la imposibilidad de impedir que sus miembros ejerzan sus derechos individuales.

Tampoco intervino esta vez por el PSOE su portavoz parlamentario, sino que lo hizo el diputado Pedro Muñoz, quien expresó su «indignación» por estas iniciativas del PP. Dijo que se busca «la dosis semanal de división, crispación y enfrentamiento», recordó que en la legalización de Batasuna no hay efectos penales para sus miembros y terminó explicando que al PP le mueve la necesidad de tapar la situación en la que queda por el esclarecimiento de los atentados del 11-M.