El objetivo de este Memorial Democrático es crear una entidad pública que se encargue de «la plena rehabilitación moral y social de todas las personas represaliadas durante el franquismo para que los supervivientes, familiares, amistades y generaciones futuras se reconozcan justamente resarcidas».

A esta ley se le sumará otra, la de las fosas comunes, que podría estar lista a finales de año, aunque todavía no ha empezado a redactarse, según indican fuentes de Relaciones Institucionales. El secretario general de este Departamento, Joan Boada, aseguró en febrero, cuando anunció la intención de regular la apertura de estas fosas por ley, que el objetivo de la Generalitat es el de «dignificar a todas las personas reprimidas, fusiladas y muertas por el franquismo y recuperar la memoria histórica de nuestro país».

Casos concretos

Sin embargo, el Gobierno catalán no tiene intención de exhumar los cerca de 9.000 cadáveres enterrados en las 150 fosas que se calcula existen en Cataluña, aunque únicamente 125 están confirmadas con documentación o por testigos visuales. Según las mismas fuentes, la idea es permitir que se abran algunas de estas tumbas sólo en casos muy concretos, cuando lo pidan los parientes de las personas enterradas y se tenga la certeza de que se podrán identificar los cuerpos a través de «pruebas de ADN u otros métodos alternativos».

La intención de la Generalitat es señalizar el resto de las fosas para «dignificar» a los muertos. Además, estas fuentes añaden que no existe voluntad de distinguir entre las víctimas de uno y otro bando, pues en muchas ocasiones los cuerpos están en la misma fosa, ya que fueron enterrados al acabar batallas en las que caían tanto soldados nacionales como republicanos.

La idea de exhumar las fosas de la Guerra Civil no es nueva. Esquerra planteó en 2002 una iniciativa en el Parlament en la que proponía crear un consorcio Generalitat-ayuntamientos y un banco de datos de ADN de los familiares para identificar a los muertos tanto por «los excesos republicanos» como por «la represión franquista». En 2003, la Cámara catalana aprobó por unanimidad elaborar un censo de los desaparecidos. En julio de 2005, el Govern dictó un decreto para exhumar fosas, ya que algunos alcaldes se habían negado a facilitar las tareas de desentierro por falta de regulación.

De momento, la Generalitat ha abierto tres de estas fosas, aunque sólo ha encontrado restos en una de ellas, en Prats de Lluçanes (Barcelona). En aquella ocasión, un conseller fue en persona a avisar a la familia cuyo jardín se asienta sobre la fosa para evitar que los niños viesen la exhumación de los siete cadáveres que allí se hallaron.