La oposición vinculó las reformas aprobadas por el Ejecutivo la pasada semana en el Instituto Armado con las movilizaciones protagonizadas por varios miles de guardias civiles uniformados, convocados por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Madrid el pasado mes de enero.

Para unos, fue a consecuencia de esta iniciativa cuando el Gobierno decidió poner en marcha las reformas del régimen disciplinario y la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, que, según el ministro del Interior, sitúan al Instituto Armado «en el siglo XXI». Para otros, esa movilización aceleró los trámites ya iniciados por el Ejecutivo socialista.

La portavoz popular en la Comisión de Justicia e Interior, Alicia Sánchez Camacho, no tiene ninguna duda: las reformas aprobadas la pasada semana en el Consejo de Ministros suponen una desmilitarización «encubierta de la Guardia Civil». Y puso sobre la mesa, como aval de su denuncia, el informe remitido al Gobierno por el Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma del régimen disciplinario. En dicho informe, según la diputada popular, se apunta esa posibilidad al analizar la supresión del arresto como medida de sanción y la reforma de la aplicación del Código Penal Militar a los agentes del Instituto Armado. El Consejo apunta en su informe que estas reformas rebajan la condición militar de la Guardia Civil a los niveles más bajos de su Historia.

Para Izquierda Unida, esa disminución no es suficiente. La diputada Isaura Navarro consideró que el Ejecutivo tiene que dar el paso definitivo y poner fin al carácter militar de la Guardia Civil.

Desde las filas de los nacionalistas no se entró en detalle sobre los proyectos del Gobierno ya que, según explicaron sus portavoces, aún no contaban con los textos aprobados por el Consejo de Ministros para estudiarlos. Sí pusieron sobre la mesa el «exceso de triunfalismo» mostrado, a su entender, por el titular de la cartera de Interior.

En su intervención, el ministro defendió las apuestas del Ejecutivo socialista para «modernizar» el Instituto Armado. Negó que las reformas se hayan acelerado o puesto en marcha por la manifestación de agentes uniformados celebrada en enero en Madrid. Rubalcaba insistió en que el Gobierno ya estaba trabajando en ello desde hacía meses «y lo sabían los que se manifestaron». Incidió en que se trata de cumplir los compromisos electorales del PSOE, «entre los que no estaba la desmilitarización del Instituto Armado», aseguró el ministro.

Rubalcaba aseguró que las reformas habían recibido el visto bueno de todos los estamentos del Cuerpo, «incluso el de la cúpula, al que se acusa de forma injusta de inmovilismo. Y eso no es verdad».