MERCEDES LARA
MALAGA.-
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida Antonio Romero acusó ayer a la Junta de Andalucía de haber cobrado 630 millones de euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de las viviendas ilegales construidas en Marbella desde 1995 y hasta el pasado año. Según Romero, «en Marbella se levantaron más de 30.000 viviendas al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente de 1986, que supusieron un coste cada una de 300.000 euros».
Así, el parlamentario de IU concretó que, «al cobrar la Junta un 7% del valor de una vivienda como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, habría conseguido 21.000 euros por vivienda» que, multiplicados por 300.000 casas, daría como resultado los 630 millones de euros.
Romero avanzó que la coalición de izquierdas formulará una pregunta parlamentaria al respecto y pedirá al consejero de Economía de la Administración regional, José Antonio Griñán, que «dé las explicaciones oportunas y que aclare si la Junta obtuvo o no esos 630 millones de euros». Además, ironizó diciendo que «si a Juan Antonio Roca le ha tocado la lotería, a la Junta le han tocado las aproximaciones, que no son precisamente la pedrea».
El parlamentario de IU criticó también la actitud del Gobierno regional al que acusó de «haber impugnado 600 licencias de obra en Marbella pero en el último periodo, ya que en una primera etapa hizo la vista gorda. Sólo se puso las pilas al final, en la última fase del gilismo».
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