Un informe jurídico elaborado a medias por los servicios jurídicos de San Fernando, Torrejón y Algete avala su actuación. Los instrumentos para interponer la multas son: el Decreto 78/99, de 27 de mayo de la Comunidad de Madrid; el Real Decreto 02591/1998, de 4 de diciembre y la Ley del Ruido, de 17 de noviembre de 2003.

«Nosotros no sancionaríamos los incumplimientos de las rutas sino la superación de los límites acústicos máximos recogidos en los mapas de ruido municipales y en las huellas sonoras», precisaron fuentes jurídicas municipales. Por regla general, las aeronaves no pueden superar los 60 decibelios cuando sobrevuelan los cascos urbanos durante el día y los 50 por la noche. El informe jurídico precisa los límites máximos según las zonas del término municipal. «Con la normativa actual en la mano, los ayuntamientos que tienen mapa de ruido no necesitarían aprobar una ordenanza específica para sancionar a los aviones infractores», aseguran.

La Comisión de Seguimiento de las Actuaciones Aeroportuarias (Cesam), organismo que analiza las molestias que ocasiona la ampliación del aeropuerto de Barajas, aprobó el 24 de febrero de 2004 los mapas de ruido de las localidades afectadas, con su voto en contra. Los ayuntamientos que están en los límites del aeropuerto necesitan ese mapa, por ejemplo, para elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Esto sirve para precisar dónde se puede construir y dónde no. «Nosotros no entramos a discutir si el avión en cuestión ha superado los límites de su ruta o no. Ésa es una competencia de Aviación Civil. Nuestra potestad es poder multar los excesos de ruido». Las fuentes informantes precisaron que los municipios podrían empezar a interponer multas desde el momento en el que lo decidan.

Dos mujeres hablan entre risas en el centro de San Fernando. «Precisamente comentábamos lo del ruido», asegura Isabel Andiano, de 50 años. «Me parece bien lo de la ordenanza pero no creo que sirva para nada. Hay un avión que pasa a las siete de la mañana que me espabila, pero cuando verdaderamente son un fastidio son en verano. Sentado en un banco, leyendo un diario deportivo, Ricardo Martinez, un conductor de 57 años, parece estar al margen del sobrevuelo de los aviones. «Nos quejamos con razón. Esto es tremendo, pero ¿quién va a evitar que pasen los aviones?», se pregunta con un cierto tono de resignación. Los alcaldes acuerdan hoy si cierran un día en común para aprobar en Pleno una resolución que dé el pistoletazo de salida, de forma simbólica, a la campaña de multas.

El procedimiento sancionador es sencillo. Se elige una zona del municipio y una hora en la que pasen mucho las aeronaves. La Policía Municipal hace las mediciones y levanta acta. Está previsto repetir el procedimiento varios días seguidos. Gracias a los datos que está obligado a facilitar AENA (organismo que gestiona los aeropuertos españoles), se podrá identificar el avión y la compañía a la que pertenece. Las multas las pagarán las compañías aéreas.

«Nuestra forma de actuar no es muy diferente de cuando multamos a un bar o a un coche». Las sanciones a las que se pueden enfrentar las empresas no son nada desdeñables. Las multas van desde los 600 a los 300.000 euros, según se establece en la Ley del Ruido. «Los municipios sufrimos un problema de contaminación muy grave y ya que el Ministerio de Fomento, el de Medio Ambiente y AENA no se preocupan por los ciudadanos lo hacemos nosotros», asegura la alcaldesa de Torrejón, Trinidad Rollán (PSOE). Ella cree que, aunque el informe jurídico avale la actuación de los ayuntamientos sin necesidad de aprobar una nueva ordenanza, será necesario «modificar las existentes».

Su homóloga en San Fernando, Montserrat Muñoz (IU), asevera que la Administración central no les ha dejado más salida. Bajo su punto de vista, «el gran problema del aeropuerto es que no se ha enfrentado con las compañías aéreas». Se queja amargamente de que la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, no ha contestado a la petición de reunión hecha por los alcaldes y es partidaria de puentearla y solicitar un encuentro con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Muñoz está dispuesta, incluso, a organizar movilizaciones en Barajas. Para el regidor de Algete, Jesús Herrera (PSOE), el verdadero problema ha sido la ampliación del aeropuerto, dado que «ya suponía un problema para las localidades afectadas. Es medioambientalmente inviable», precisó. En total, los municipios calculan que hay 700.000 personas afectadas.