En la denuncia se dice que «el diario EL MUNDO, el diario La Razón junto con las afirmaciones vertidas por la presidenta del Consejo de Administración del Consejo Regional de Transportes, Elvira Rodríguez, y del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han generalizado la problemática de las averías producidas en el Metro de Madrid como actos de sabotaje difundiendo un clima de conspiración frente al Gobierno regional o a la dirección del Metro».

Este diario, como la propia denuncia explica, informó sobre las declaraciones que habían hecho ambos representantes del Gobierno regional.

«En cualquier caso -añade el sindicato- las acusaciones han sido dirigidas permanentemente contra los trabajadores; si bien no han individualizado la acusación, ésta se entiende dirigida a un grupo sin definir si es perteneciente a los trabajadores del Metro o a alguna contrata».

Señala que «dado que las averías tales como la caída de un motor de un coche de la línea 5 a la salida de la estación de Carabanchel de ser intencionada constituiría un delito grave, tanto por las cuantías materiales como por las lesiones de los viajeros y la intencionalidad del mismo, el mantener esta afirmación, si no está constatada, constituye una afirmación aventurada que sería susceptible de ser calificada también de delito».

Añade la denuncia del sindicato que EL MUNDO publicó las declaraciones de Ignacio González en las que dirigiéndose a los portavoces sindicales les pide que denuncien los sabotajes a la vez que les pide responsabilidad. «Dichas afirmaciones dejan de manifiesto dos aspectos, la existencia de sabotajes y una implícita irresponsabilidad de las centrales sindicales».

En concreto, el sindicato entiende que los hechos de los que culpa a Rodríguez y González «pudieran constituir un ilícito penal en cuanto a la acusación de los trabajadores como sospechosos o responsables de actos de sabotaje en las averías» que han afectado en los últimos meses al Metro madrileño y, en particular, en la registrada el pasado día 8 en la línea 5 a consecuencia del desprendimiento del motor de un tren.

En la denuncia interpuesta por UGT se acusa a ambas autoridades de haber «dirigido sus declaraciones permanentemente contra los trabajadores».

Por otra parte, CCOO y la Unión General de Trabajadores (UGT) pidieron a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, que «salga a la palestra públicamente e informe a los ciudadanos si efectivamente hay algún responsable de los sabotajes en las líneas» de la red de Metro. En su opinión, la Delegación del Gobierno, «responsable de las investigaciones de posibles sabotajes», debe aclarar a los ciudadanos si éstos realmente se producen.

El secretario general de CCOO, Javier López, afirmó que la actitud «irresponsable» de la consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, ha producido que cuando «un tren se para entre dos estaciones o sufre el más mínimo percance, los ciudadanos inmediatamente comienzan a quejarse y exigir responsabilidades a los trabajadores sobre los sabotajes».

Por su parte, el secretario general de UGT, José Ricardo Martínez, dijo que el Consorcio Regional, que fue un instrumento «en cuya creación participaron los sindicatos», se ha convertido en «un aparato más al servicio del Gobierno regional». «El transporte de Madrid no cubre las necesidades de la ciudadanía. Más que una solución es un problema», agregó Martínez.

Por otro lado, el portavoz de Transportes e Infraestructuras del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Quintana, pidió ayer a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que su Gobierno «invierta en la contratación de más personal para el mantenimiento del Metro», en lugar de defender la tesis de que en la red «están pasando cosas raras». Quintana opinó que, en lugar de reforzar los servicios de seguridad de la red con cien nuevos agentes, Aguirre debería «contratar a más trabajadores cualificados de mantenimiento, como reclaman los sindicatos», según informa Europa Press.