Dicha ley es una vieja reivindicación de los concesionarios de automóviles y de otros franquiciados españoles que esperan poder normalizar su relación con los proveedores que, en su opinión, siempre han considerado a los distribuidores una parte de su estructura .

Antes de la votación hubo momentos de tensión debido a que, por un momento, el Grupo Popular decidió que iba a votar en contra por considerar que el contenido de la ley era excesivamente general. Años antes, durante la segunda legislatura del Gobierno Aznar, el Grupo Popular había rechazado una ley similar por considerar su texto demasiado específico. Al final, el Grupo Popular votó a favor, junto con el Grupo Socialista y Convergencia i Unió, de instar al Gobierno para la elaboración de esa nueva Ley de Distribución.