En respuesta a una pregunta planteada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, la Guardia Civil sostiene que estos hechos, sucedidos en diciembre de 2006, «no suponen ningún tipo de infracción (...), por lo que no se ha adpotado ninguna medida contra el mismo», señala, en referencia al teniente coronel que exigía más sanciones a sus subordinados, según informó ayer el diario digital El confidencial.

En su escrito, la Guardia Civil no explica los motivos por los que en aquel momento exigió a sus agentes un incremento de la imposición de multas ni si la actividad sancionadora cuenta con unos objetivos económicos concretos o está sujeta a estrategias concretas.

Descontento

En cualquier caso, no sería la primera vez que la institución encargada de velar por la seguridad en las carreteras tiene problemas en relación a la imposición de sanciones. El descontento de sus agentes fue patente hace ahora dos años cuando iniciaron una huelga de celo en su vigilancia de las infracciones.

En provincias como Guadalajara, Valencia o La Rioja, el número de sanciones bajó entre un 70% y un 84% respecto al ritmo habitual.

La nueva estrategia de la Dirección General de Tráfico (DGT), para automatizar la vigilancia de la velocidad en las carreteras mediante radares fijos, podría compensar este tipo de riesgos.

De hecho, con el plan de implantación de 500 radares aún a medio gas, el organismo perteneciente al Ministerio del Interior ha elevado en un 46% su previsión de ingresos por multas y sanciones para este año.

En total, los ingresos presupuestados ascienden a 322 millones de euros en 2007.