Varios republicanos se sumaron a las peticiones de dimisión de Gonzales por su implicación directa en la purga política de ocho fiscales que ha removido los cimientos del Departamento de Justicia.

Bush afirmó ayer que vetará los requerimientos para que sus asesores testifiquen bajo juramento en la investigación sobre la «purga» de fiscales. «No voy a permitir una expedición de pesca política dirigida contra honorables sirvientes públicos», dijo a última hora de la tarde de ayer, tras ratificar que Alberto Gonzales cuenta con todo su apoyo.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, tildó de «falsa» la noticia sobre los supuestos candidatos para relevarle en caso de dimisión (entre ellos, el secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, y la asesora presidencial de contraterrorismo, Frances Fargos Townsend). El Washington Post informó, sin embargo, ayer de que el Departamento de Justicia elaboró un ranking de fiscales en función de su «lealtad a la Administración». Entre los descalificados según ese criterio estaba el fiscal federal Patrick Fitzgerald, que entonces investigaba a varios asesores de la Casa Blanca por filtrar el nombre de la espía Valerie Plame.

La información contenida en miles de correos electrónicos y revelada el lunes por el Departamento de Justicia demuestra el alcance político de la purga de fiscales y la implicación directa de la Presidencia.

La Casa Blanca ofreció ayer que el asesor presidencial Karl Rove -acusado de forzar la dimisión del fiscal de Little Rock para sustituirle por un ex colaborador suyo- preste testimonio «no jurado» y mediante «entrevistas privadas» ante los encargados de la investigación parlamentaria.

El nuevo pulso entre la mayoría demócrata y el presidente podría estallar hoy. El senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado, anunció que los requerimientos llegarán el viernes y que los testimonios «deberán ser bajo juramento». «Es la única manera de exigir responsabilidades», dijo.