La decisión de Conde-Pumpido de retirar la querella por enaltecimiento del terrorismo por la que Otegi debe ser enjuiciado hoy en la Audiencia Nacional si el tribunal insiste en juzgarle es la demostración más clara de la supeditación de la Fiscalía General del Estado a los criterios políticos del Gobierno, que vería peligrar la posibilidad de reanudar su proceso de paz en el supuesto de que el líder de Batasuna fuese condenado y acabase en la cárcel. El fiscal ya había intentando el lunes evitar la sesión de hoy con un duro recurso en el que incluso advertía al tribunal de posibles consecuencias disciplinarias si sentaba en el banquillo al dirigente abertzale. Estamos ante un recurso insólito en sus términos y una decisión -la retirada de la acusación - precipitada. Si el Supremo ordenó repetir el juicio por la falta de imparcialidad del tribunal que le juzgó en el País Vasco, esto es lo que procedería hacer. Si la Fiscalía entiende ahora que Otegi no cometió ningún delito al llamar «gudaris» a los etarras muertos en la «larga lucha por la autodeterminación», su actuación, lejos de frustrar ese juicio, debería ser la de dejar que se celebrara para que sus razones se impusieran a la vista de todos.
Puede que las declaraciones de ayer de Otegi en las que aseguraba que es «un error» tratar de construir un Estado independiente «desde la lucha armada» animen al Gobierno a seguir en su intento por llevar la política antiterrorista por el camino del diálogo y la negociación, pero la resistencia del portavoz de la ilegalizada Batasuna a hacer algo tan básico como condenar a ETA mientras ésta sigue activa y extorsionando, nos lleva a pensar que estamos igual que antes. Porque ¿obedecen las declaraciones de Otegi a una repentina conversión democrática o asistimos a un paso más en su estrategia de seguir ganando terreno para lo que necesita el disfraz de la piel de cordero? Lo cierto es que el tiempo corre y ni Otegi ni ETA pasan de las declaraciones a los hechos, que es por lo que, en definitiva, hay que juzgarles. Y no habrá sido por falta de estímulos por parte del Ejecutivo. Ha tomado a Batasuna como interlocutor válido; ha contribuido a su rehabilitación pública consintiendo su presencia en actos que, si bien no son constitutivos de delito, son política y moralmente inaceptables; ha aflojado la acción de la Fiscalía ante el PCTV; ha excarcelado a De Juana; ha mantenido abierto el proceso pese al atentado de Barajas; ayer el PSOE y sus socios rechazaban una propuesta del PP para perseguir las actividades públicas de Batasuna; y hoy, el fiscal pretende librar a Otegi del banquillo. Todas estas concesiones abonan la idea de que el Estado está más débil y los violentos más crecidos. Pese a que el Gobierno siga tratando de ver la botella medio llena.
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