Como informó EL MUNDO, la Fiscalía retiró ayer la acusación que dirigió contra él en 2002, con lo que logró su absolución y el archivo inmediato y definitivo del proceso al ser el fiscal la única parte acusadora.

«Queda libre, el tribunal nada tiene contra usted», dijo a Otegi Fernando Bermúdez de la Fuente, presidente de la Sección Penal Cuarta, al filo de las 21.30 de la noche y después de 12 horas salvando obstáculo tras obstáculo para poder celebrar el juicio.

Ni la resistencia de Otegi a comparecer ante la Audiencia Nacional ni el apoyo esencial que ha recibido de la Fiscalía pudieron impedir finalmente que el líder abertzale se sentara en el banquillo. Sigue en

El portavoz de la ilegalizada Batasuna forzó la foto de su detención, en coincidencia con el primer aniversario de la supuesta tregua de ETA, al obligar al tribunal a enviarle la fuerza pública tras constatar que no era cierta la excusa que había dado de que la inclemencia meteorológica que afectaba al norte del país le impedía llegar a Madrid.

La Sección tuvo que dictar hasta tres autos en el día de ayer para conseguir que el líder abertzale se sometiera a la citación judicial y ocupara el banquillo de los acusados, lo que finalmente se produjo a las 20.20 horas de anoche, tras ser trasladado desde el País Vasco en un avión fletado para la ocasión por el Ministerio del Interior.

El primer auto, conocido a las 9.30 de la mañana, despejó los obstáculos procesales planteados por la Fiscalía para celebrar la vista. La Sala declaró «inviable» la petición de anular una anterior resolución por la que los magistrados se habían negado a suspender el juicio «al no concurrir alguno de los supuestos previstos en la ley para ello».

Entre otros argumentos, la Sala recordaba al fiscal que el señalamiento del juicio para el día de ayer se acordó en un auto dictado el 15 de enero que ni el Ministerio Público ni la defensa de Otegi recurrieron.

A la hora fijada, las 10.30, sólo los tres miembros del Tribunal -Bermúdez de la Fuente, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel-, además de la secretaria judicial, se encontraban en la sala blindada de la Audiencia Nacional.

Con 20 minutos de retraso comparecía la abogada del dirigente batasuno, Jone Goiricelaia, para comunicar que su cliente se encontraba atrapado en un atasco a causa del temporal «a la altura de Miranda del Ebro». El presidente inició una discusión con la letrada para acabar comunicándole que el tribunal, con vistas a mantener la celebración del juicio, iba a recabar de las autoridades de Tráfico la confirmación de la situación en la que, según Goiricelaia, se encontraba Otegi.

El fiscal Fernando Burgos, que se había incorporado tarde y sin toga, intentó marcharse de la sala como si la cosa no fuera con él. La magistrada Carmen Paloma González tuvo que llamarle la atención para que se quedara.

Sobre las 14.00 horas se conoció el segundo auto. En él, y sin que mediara petición del fiscal, el tribunal acordaba «la inmediata detención» de Arnaldo Otegi y «su traslado por la fuerza pública a la Audiencia Nacional». La resolución argumentaba que en respuesta a la petición de los magistrados, la Jefatura de Tráfico había comunicado que «no existe ningún punto cerrado para el tráfico rodado de vehículos desde Burgos hasta Madrid».

El tercer y último auto daba cuenta de la detención de Otegi en su domicilio guipuzcoano y de la previsión de que llegara a la Audiencia en torno a las 19.00 horas, por lo que habilitaba «excepcionalmente» para celebrar el juicio las horas comprendidas entre las 19.00 y las 24 horas.

No se conocen precedentes de juicios nocturnos en la Audiencia Nacional, pero Otegi no pareció molesto. Contestó relajadamente (en castellano) a la veintena de preguntas que le formuló el fiscal. Su abogada no tuvo que abrir la boca: no preguntó a su cliente ni a la única testigo que compareció, Araitz Zubimendi, ni hizo alegato final. El fiscal Burgos lo hizo todo con un benévolo interrogatorio que dio ocasión a que Otegi dijera con aplomo que el 31 de julio de 2001, cuando intervino en el «homenaje... entierro» -se corrigió- a la etarra Olaia Kastresana, fallecida cuando manipulaba un explosivo, sólo hizo una «valoración política de lo que no dejaba de ser una tragedia».

Otegi negó que quisiera alabar los métodos de ETA e incluso dijo no conocer «con certeza» que Kastresana fuera de la banda.

El fiscal le creyó a pies juntillas, a pesar de que Otegi, en un acto presidido por el anagrama de ETA, pidió «un fuerte aplauso para los gudaris caídos en esta larga lucha por la autodeterminación».

En el alegato que pronunció para justificar la retirada de la acusación, el fiscal se refirió a los «problemas importantísimos» del delito del que se acusaba a Otegi (una acusación formulada en 2002 por la Fiscalía de Bilbao por orden del entonces fiscal general, Jesús Cardenal). Según Burgos, el delito de enaltecimiento del terrorismo «entra en colisión con la libertad ideológica y la libertad de expresión, siendo además el acusado un parlamentario».

Tras afirmar que hay que «caer por la cuesta de la vindicación», el fiscal sostuvo que «el texto, el contexto, las circunstancias -un entierro, un cementerio- llevan al Ministerio Fiscal a entender que estamos en presencia de una manifestación autocomplaciente del propio pensamiento del acusado», que no es delictiva «por mucho que parezca deleznable».