Contra esta decisión, adoptada después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya confirmado que hay «indicios sólidos» contra los acusados, no cabe presentar recurso alguno, por lo que Santano, Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez se sentarán en el banquillo.

El juicio se celebrará ante la Audiencia de Madrid y se ha abierto por la juez Gallego pese a que ni el fiscal ni el abogado del Estado formulan acusación.

La única parte acusadora es la Asociación de Víctimas del 11-M, que solicita seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación para cada uno de los cuatro responsables policiales por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio.

Acusación popular

La juez rechaza la tesis del fiscal y de la Abogacía del Estado de que el juicio oral no puede abrirse únicamente a instancias de la acusación popular, condición en la que actúa la Asociación de Víctimas del 11-M. Esta tesis se basa en la sentencia de la Audiencia Nacional que sirvió para absolver al banquero Emilio Botín en el caso de las cesiones de crédito, una resolución «que no cabe citar como antecedente jurisprudencial», argumenta Gallego, «porque es susceptible de recurso» y el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado.

Para la instructora, «si no existe en el procedimiento abreviado ningún precepto que recoja expresamente la imposibilidad del juez de abrir el juicio oral sólo a instancia de la acusación popular, debe interpretarse no en el sentido de impedir el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción, sino en el sentido más favorable al otorgamiento de la tutela judicial efectiva».

A Gallego le parece «sorprendente» que la Fiscalía «insista» en pedir el archivo del proceso basándose en que «no existen indicios de falsedad documental». A este respecto, la juez le recuerda que «ya se ha pronunciado expresamente la Audiencia Provincial» para la que «existen indicios sólidos de la comisión de hechos punibles» por parte de los mandos de la Policía Científica.

Gallego afirma que la apertura del juicio oral supone para la Fiscalía «una nueva oportunidad procesal de formular acusación, una vez que ha quedado constatada la desestimación de sus pretensiones por la propia Audiencia».

Santano, Mélida, Andradas y Ramírez están acusados de falsificar un informe sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la casa de un procesado por el 11-M. El informe de los peritos a los que se encargó el análisis de la sustancia fue presuntamente alterado para que en el documento enviado al juez Del Olmo no constara que, en relación a los hechos terroristas, esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.