Hoy se cumple un año de la declaración de alto el fuego permanente de ETA con un escándalo, el de la anulación del juicio a Otegi forzada por el fiscal general del Estado, que retrata perfectamente la desorientación del momento y acrecentará, más si cabe, el disgusto de los ciudadanos.
En realidad, bastaron pocas semanas desde el inicio de la tregua para visualizar que un proceso en el que se habían depositado muchas expectativas se alejaba del rumbo deseado. El PP llegó a respaldar en un primer momento a Zapatero, hasta que se sintió traicionado por él -al concertar a sus espaldas la reunión de Patxi López con la cúpula de Batasuna - y detectar que los violentos ponían precio político a la paz.
Desde entonces, el Gobierno ha hecho múltiples gestos de acercamiento a Batasuna y a ETA sin que su actitud haya sido correspondida. Primero, la banda escenificó con disparos al aire en el monte su decisión de no dar un paso atrás, luego llegó la intensificación de la kale borroka, el robo de pistolas, las nuevas campañas de extorsión a los empresarios y la detección de zulos con explosivos, hasta culminar la escalada de desafíos con el atentado de Barajas que causó la muerte a dos personas. Batasuna, por su parte, ni siquiera ha condenado aún ninguno de estos hechos.
Lejos de producir algún fruto, la realidad demuestra que la izquierda abertzale se ha envalentonado con esta política del Gobierno y ha vuelto a conquistar la calle. Los efectos también se han dejado notar en la opinión pública española. Por un lado, el terrorismo ha vuelto a situarse entre los principales problemas de los españoles. Por otro, se ha ido abriendo una distancia entre el Gobierno y los ciudadanos que se agigantó con la decisión de excarcelar a De Juana Chaos.
Y llegamos a la situación actual, en la que el Ejecutivo asegura que no hay ningún proceso abierto, mientras ETA mantiene que su tregua continúa y que la negociación es compatible con la bomba asesina de la T-4. Pero, si no hay tal proceso, todavía se entiende menos la retahíla incesante de cesiones del Gobierno: la última, ayer mismo, con el fiscal ejerciendo incomprensiblemente la defensa de Otegi y evitando que sea juzgado. Todo, tras una esperpéntica jornada en la que el dirigente de Batasuna tuvo que ser llevado por la fuerza a la Audiencia tras aducir supuestos problemas de circulación a causa de la nieve para no comparecer. Sería inimaginable mayor contraste entre la firmeza del tribunal y la lenidad de la Fiscalía.
Han pasado 365 días y todo indica que estamos ante una nueva tregua trampa. Zapatero anunció solemnemente en Navidad que en un año la situación sería mejor. Han pasado casi tres meses desde el atentado de Barajas, pero sigue creciendo el pesimismo. Lo peor de este aniversario -a la vista de los hechos, macabro- ha sido la ruptura de un consenso que permitió acorralar a ETA. ¿Hasta cuándo insistirá el Gobierno en adentrarse en ese callejón sin salida? Cuanto más tarde en rectificar, más penosa será la marcha atrás.
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