Benach se quejó de que la recusación de Pérez Tremps «altera» las reglas del juego y deja a Cataluña «en inferioridad de condiciones», puesto que «no es lo mismo» que el texto sea valorado por 12 magistrados que por 11. Además, el presidente del Parlament lamentó que se diga que la ausencia del magistrado rompe el equilibrio entre conservadores y progresistas en el TC: «Se habla de ellos en clave de partido, y éste es el drama, se les adscribe a determinadas opciones políticas».

Benach, miembro de ERC, recordó que el Estatut representa un «pacto de Estado» entre las Cortes «y, de forma directa, del pueblo de Cataluña, que ya se ha expresado en referéndum», por lo que «modificar parte de su articulado o restringir su interpretación supone una crisis de Estado» de «consecuencias imprevisibles».

Benach se preguntó, en el supuesto de alteración de ese «pacto de Estado», si el pueblo de Cataluña lo puede aceptar. Porque, «¿qué valor tiene un pacto de Estado si el mismo Estado después lo modifica unilateralmente?». También alertó de la «pérdida de confianza en las instituciones» que ello comportaría para Cataluña.

Como mayor perjuicio «práctico» a la Comunidad, el presidente del Parlament señaló que «se reduciría a mínimos la posibilidad de desarrollar políticas públicas específicas para Cataluña».Según él, la decisión de recusar, a instancias del PP, a Pérez Tremps «va en contra de los intereses del Derecho, por encima de todo, y puede acabar afectando los intereses de Cataluña».

Benach afirmó que aún es pronto para determinar «qué escenarios podrían abrirse si el TC altera el texto, porque la crisis de Estado sería de consecuencias impresionantes», pero consideró «evidente» pensar en las consecuencias que tendría. «Si se produce, habrá que articular una respuesta política desde el catalanismo, ir pensando discretamente en un plan B».

Eso fue, precisamente, lo que prometió el presidente de la Generalitat, José Montilla. Para él, la decisión de excluir a Pérez Tremps de las deliberaciones acerca del Estatut responde a «inercias centralistas». Montilla planteó en declaraciones a Catalunya Ràdio un «plan B» del que no dio más explicaciones, pero que se basará en «instrumentos del Estado de Derecho». Un plan que saldría a la luz en el caso de que el Constitucional decidiese invalidar el texto.

«Aún es demasiado pronto para calificar o descalificar» la actitud del Gobierno central, dijo Montilla, puesto que el despliegue del Estatut «está muy al principio».

De momento, el Gobierno de la Generalitat aseguró ayer que no se va a quedar «de brazos cruzados» y defenderá el nuevo Estatut.Tras conocer la decisión del TC, el Ejecutivo catalán considera que pone de manifiesto las «dificultades» que van a encontrarse en el proceso estatutario, informa Efe.

La Generalitat «ya preveía» que pudieran surgir problemas. «Pero no por ello dejaremos de utilizar todos los recursos en defensa del Estatut», señalaron fuentes de Presidencia. El Govern seguirá este tema «muy de cerca para defender el texto que aprobó el pueblo de Cataluña», pero no concretó qué nuevas respuestas prevé poner en práctica para defenderlo.