MADRID / BARCELONA.- El presente debate, que a veces toma caracteres de combate, se resume en dos frases. Una la enuncia Gerardo Vera, director del Centro Dramático Nacional: «La cultura en España ha de ser, hoy, deficitaria». La otra, Enrique Salaberría, empresario de la escena y productor de 84, Charing Cross y Gorda: «El teatro público es genocida». La cuestión es, pues, dramática.

Casi todos coinciden en una cosa: que el teatro público ha sido fundamental para dinamizar un sector que, recién muerto Franco, era reducto de francotiradores. Pero lo que en Cataluña parece ser una convivencia fructífera y equilibrada, en el resto del país es una dependencia mucho mayor, casi total, del teatro público. ¿Qué se hace, cómo se hace y qué se debe hacer con el dinero de todos?

A José Luis Gómez, por ejemplo, se le plantea la cuestión y monta en cólera: «¡Eso es injusto! ¡La pregunta por las subvenciones es siempre capciosa y se ha utilizado contra nosotros para...!». Luego se le reexplica: se trata de escrutar la relación entre escena y dinero público y él dirige un teatro, La Abadía, que hasta Salaberría califica de «modélico» en su concepción del teatro como «placer inteligente». La cuestión, por lo tanto, genera controversia, vaya.

Habla Gerardo Vera, voz autorizada por dirigir el Centro Dramático Nacional (CDN) con interesantes resultados, a medio camino entre el compromiso artístico y el éxito de público: «El objetivo fundamental del teatro público debe ser corregir el mercado, no depender exactamente de la taquilla, pero a la vez una concepción más contemporánea debería contar con la taquilla también. El CDN tendría que acometer espectáculos que la empresa privada no pueda asumir, ni tiene por qué ni de hecho asume, pero un teatro público no debería trabajar de espaldas a la taquilla. Tenemos que buscar una rentabilidad social y atraer a una mayoría de públicos distintos, en edades y el estrato social».

Vera sigue y no olvida sacar pecho: «Hemos conseguido fidelizar un público y llenar las dos salas con gente de hoy, pero sin participar en la epidemia de que todo lo joven es bueno. Podemos partir de un teatro no tan nuevo, pero el punto de vista nunca ha de ser conservador. Por ejemplo, yo puedo hacer algo de los hermanos Alvarez Quintero y sé que voy a tener el teatro lleno de gente de 60, pero prefiero atraer a esa gente con un Valle o con un Mihura más bec-kettiano, por ejemplo. Mira el Ibsen con que ahora estamos llenando día tras día [Un enemigo del pueblo]: si el enfoque es antiguo, no tendríamos un público tan heterogéneo y joven».

Desde Barcelona tercia Sergi Belbel, autor y director artístico del Teatre Nacional de Catalunya: «La base de la relación entre teatro público y privado debe ser la comunicación, y nosotros tenemos la obligación de ser transparentes. En Barcelona las relaciones son muy fluidas, esto es un oasis en comparación con otras ciudades europeas donde el divorcio es mayor; aquí hay trasvase de directores, de actores...».

Sigue Belbel: «El teatro público no ha de estar pendiente de la rentabilidad: si el teatro privado se interesa por un proyecto y cree que es factible, se lo tenemos que ceder, no podemos entrar en esa lucha». Tema subvenciones: «Se deben dar a aquellas iniciativas con valor cultural porque el teatro es caro, y el sector privado ha de estar también subvencionado cuando se trata de proyectos que conlleven riesgo. Pero hay otras fórmulas: los créditos reintegrables, por ejemplo».

Cruzamos la línea (¿trinchera?) y observamos la visión contrapuesta y sulfúrica de Enrique Salaberría, uno de los empresarios privados con mayor volumen de negocio, dueño de siete teatros: «Mira, esto es muy fácil: si tú quieres vender coches y el Estado los regala, te los comes con patatas. Y la cultura, hoy, da votos. La estructura del teatro público es la más genocida de la historia de las artes. Los teatros privados de Madrid, hasta hace poco, teníamos un 30% de público que llegaba de ciudades de la Comunidad fuera de la capital. Ahora ya, con la red de teatros públicos que han montado, no llegamos al 3%. La gente no se tiene que mover. Y, además, van a golpe de talonario: no les importa traer a Julio Bocca cinco veces en un año si es necesario. Es pura competencia desleal. Te digo más: si se te ocurre volver a fabricar el 600 y ellos ven que tienes éxito, ya verás como el Estado se pone a fabricar 600 sólo para joderte. En España hay sólo dos excepciones a esto: Cataluña y el Teatro de La Abadía».

Salaberría admite no obstante que «muchas veces no competimos en el tipo de espectáculo, no peleamos por el mismo público, pero sólo con la maquinaria de promoción que tienen ya tapan toda nuestra promoción. Por ejemplo, nosotros no podemos funcionar hasta que se termina el Festival de Otoño: sencillamente, no existimos».

De nuevo al otro lado, Mario Gas, que ha dado un sello personal al histórico Teatro Español: «Se echa en falta históricamente una ordenación más pormenoriza que abarque todo el espectro, porque lo de público o privado es muy extremoso. El público ha de ser reflexión y placer; el privado, oferta y demanda, el elemento industrial o preindustrial, porque el teatro sigue siendo una preindustria. En mi opinión, deben ser vasos comunicantes. A veces se pervierten los papeles: los públicos hacen como privados y funcionan sólo a golpe de cifras; a veces los privados funcionan como públicos y viven de los públicos. Luego está el concepto de subvención, que está antiguo: no llega para nada, hay picaresca, la operatividad es casi nula...».

Interviene José Luis Gómez, desde su abadía: «El teatro público debe ofrecer el gran patrimonio contemporáneo y del pasado, la mejor síntesis de valores humanos y artísticos, buscar las constantes que vinculan pasado y presente y una panoplia de lo contemporáneo. En el teatro público no debe primar lo comercial sino la más alta calidad; el teatro privado no puede permitirse tanta calidad, pero también debemos aspirar a tener el mayor número de público posible».

Y la cuestión que antes casi le hacía sacar el mosquetón: subvenciones: «¿Hasta qué punto El Prado puede subsistir por sí solo? Pues el teatro igual: es el único lugar en que nuestra lengua, que es nuestro mayor patrimonio, está viva y palpitante. Hay que ir al mecenazgo, una posibilidad que aún no se ha explorado convenientemente. Otro tema es que el teatro a veces sea negligente: debemos pelear por optimizar recursos. Pero jamás se puede poner en duda la relación entre el teatro y lo público».

De nuevo desde Barcelona y en el bando privado, Daniel Martínez de Obregón, de Focus, que gestiona el Romea, el Condal, el Villarroel y acaba de desembarcar en Madrid. Mucho más mesurado que Salaberría: «El teatro público, del que yo defiendo su existencia, debe servir para cubrir aquellas áreas que el privado no puede atender y corregir los errores del mercado. El teatro público, desde la Transición, ha servido para recuperar un tejido teatral que, sobre todo en Cataluña, era muy débil. Pero cumplidos sus objetivos, no debe entrar en conflicto de intereses porque quien es soberano, como en cualquier otro sector, es el teatro privado. El teatro público ha de ser un modelo a seguir. En Cataluña se ha conseguido un importante equilibrio y no se ve al teatro público como desleal, aun siéndolo. Es un éxito de colaboración tan rotundo que incluso se hacen coproducciones entre el sector público y el privado, con lo que se consigue la calidad y la optimización de recursos. Esto no ocurre en Madrid, donde público y privado no sólo no colaboran sino que tampoco se hablan, se plantean unos como competencia de los otros y no buscan la ósmosis que tanto les favorecería».

Una ronda rápida: ¿necesaria una Ley del Teatro? Mario Gas: «Llámalo ley o como quieras, pero desde luego es necesaria». Gerardo Vera: «Tengo una posicion enfrentada conmigo mismo: por un lado, el teatro es creación; por otro, industria. Lo que sí creo es que estamos en un momento esplendoroso y, por si acaso nos convertimos en industria, debemos estar preparados». Daniel Martínez: «El proyecto presentado, el del señor Hormigón, es de concepción antigua y sólo habla del sector público». Salaberría: «Hace falta una ley, pero no un pesebre. Los privados también existimos».