Son varios los grupos que, incluso, ya han mostrado públicamente su intención de personarse en los futuros procesos judiciales que se abran contra ETA, al considerar que la Fiscalía ha desaparecido en la persecución a la organización terrorista.

Además, denuncian lo que consideran un «derroche» de medios del Ministerio del Interior para trasladar en un avión de la Policía Nacional al líder de Batasuna desde el País Vasco a Madrid para hacerle comparecer ante la Audiencia Nacional.

Así, la Confederación Española de Policía (CEP), por boca de su presidente, Ignacio López, fue la primera en anunciar sus intenciones de personarse en los futuros procesos contra ETA y Batasuna, al entender que la Fiscalía está dejando de velar por la legalidad.

Este sindicato está decidido a «solicitar sistemáticamente la personación» en causas contra la banda y su entorno. López, en declaraciones a Servimedia, aseguró que su organización es de las que creen que a partir de ahora, para «velar por la legalidad, deberemos recurrir a las acusaciones privadas, toda vez que la Fiscalía, más que velar por el imperio de la ley, se está convirtiendo en abogada de los etarras».

«Esto ya es el colofón a una serie de despropósitos que nos hace replantearnos la credibilidad que va a mostrar la Fiscalía a la hora de enjuiciar a los líderes abertzales», indicó. Además, el líder de la CEP consideró un «escándalo» que, para traer desde el País Vasco a Madrid al líder de Batasuna se utilizaran «medios excepcionales». Para López, las iniciativas sobre Otegi responden a la preparación de un escenario político para que el entorno de Batasuna pueda concurrir a las próximas elecciones municipales del 27 de mayo.

Dinero gastado

Desde las filas del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) también se criticó con dureza la actitud de la Fiscalía, aunque se deja claro el respeto absoluto a las decisiones judiciales. El portavoz de esta formación, Maximiliano Correal, aseguró que, si dependiera del SUP, «hace tiempo que este señor [Otegi] estaría en la cárcel».

Recalcó, en declaraciones a Europa Press, que el SUP entiende que la presencia y las declaraciones de Otegi durante el homenaje a la etarra Olaia Castresana sí son constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Al igual que la CEP, el SUP se mostró crítico con el traslado de Otegi: «Todo ese dinero y recursos gastados estarían bien empleados si con ello se le metiera en la cárcel».

El Sindicato Profesional de la Policía (SPP) criticó que el líder de Batasuna haya sido «vergonzosamente absuelto». En un comunicado, denunció la intervención del fiscal y aseguró que su discurso «lo hubiera firmado hasta la abogada» del dirigente abertzale.

Calificó de «esperpento escenificado» las circunstancias en que compareció Otegi. Pero, sobre todo, censuró el gasto que el caso ha supuesto. El SPP cifró también en casi medio millón de euros el coste de la movilización de las Fuerzas de la Seguridad del Estado para detenerle.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también denunció el gasto del traslado de Otegi a Madrid. Destacó que el coste supone el doble de lo que recibe este colectivo de víctimas en un año por parte del Ministerio del Interior. «Algunos cálculos apuntan a que el desplazamiento, que se realizó en un avión de la Policía, costó 467.513 euros». La entidad sostuvo ayer que en 2006 recibió de Interior 217.612 euros. Además, la AVT está estudiando emprender acciones judiciales contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y contra los fiscales de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y Fernando Burgos.

En su opinión, la retirada de la acusación contra Otegi demuestra que el Ministerio Público «está absolutamente involucrado en el proceso de rendición ante ETA comandado por el presidente del Gobierno».

El Foro Ermua pidió la dimisión del fiscal general del Estado, al que considera «el mejor abogado de la banda». «Su actuación no sólo es indigna y cobarde, sino que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos».

Los fiscales.

La decisión de la Fiscalía produjo indignación entre los conservadores y muestras de respeto entre los progresistas. La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria y conservadora, se mostró, en un comunicado, «indignada» y «perpleja» por el nuevo cambio de criterio. Tanto, que pidió explicaciones a Conde-Pumpido por llevar a la carrera fiscal «a unos niveles de descrédito y desconfianza que no se conocían». «Nos duele que se nos identifique de manera permanente con el Gobierno de turno», lamentó, y explicó que «ése no es el diseño constitucional del Ministerio Fiscal, basado en la imparcialidad».

Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Eduardo Esteban, pidió respeto para las resoluciones tanto judiciales como fiscales, y criticó que cada vez que hay una decisión en este ámbito que no gusta a alguien, «se ponga el grito en el cielo, sin hacer una valoración realmente jurídica», informa Europa Press. «Lo que ha pasado es que cada uno ha cumplido con la función que ha considerado pertinente», concluyó.

Los magistrados. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) calificó como «incoherente» y «falaz» el argumento de la Fiscalía para exculpar a Otegi. Fuentes de esta agrupación mostraron a Servimedia su sorpresa por la actitud del fiscal durante el juicio. Recordaron que el citado procedimiento se inició por una querella de la Fiscalía que acusó a Otegi de un delito penal y pidió por ello 15 meses de prisión. Insistieron en que, desde que el fiscal presentó la querella hasta ahora, no se ha producido variación alguna del hecho por el que se le acusó. Y consideraron que las explicaciones para retirar la acusación no fueron «satisfactorias» en términos jurídicos. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, destacó la «normalidad jurisdiccional» de una decisión que «ocurre todos los días».

El CGPJ.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, pidió al Ministerio Fiscal que explique «por qué lo que hace cuatro años consideraba como delito» no lo es ahora.

EN CONTRA

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE POLICIA

«Para velar por la legalidad deberemos recurrir a las acusaciones privadas, ya que la Fiscalía, más que velar por el imperio de la ley, se está convirtiendo en abogada de los etarras».

ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO

«Es una prueba más de que la Fiscalía está absolutamente involucrada en el proceso de rendición ante ETA comandado por el presidente del Gobierno».

ASOCIACION DE FISCALES

«Nos duele que se nos identifique de manera permanente con el Gobierno de turno».

A. PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

«Resulta difícil entender una incoherencia tal, en términos jurídicos. El argumento de la Fiscalía es absolutamente falaz».

A FAVOR

UNION PROGRESISTA DE FISCALES

«Hemos repetido hasta la saciedad que pedimos respeto a las resoluciones judiciales y a las actuaciones de los fiscales, y desde esa perspectiva no podemos hacer ninguna crítica a lo ocurrido porque, además, creemos que fue correcto».

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

«La decisión tiene normalidad jurisdiccional; ocurre todos los días».

MADRID.- Cientos de personas se concentraron ayer frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, en protesta por la decisión del fiscal Fernando Burgos de retirar la acusación por enaltecimiento del terrorismo contra Arnaldo Otegi.

Varios de los concentrados irrumpieron en la calzada y obligaron a cortar el tráfico en el madrileño paseo de la Castellana.

Durante la concentración, convocada por el Foro Ermua a las 20.00 horas, se pudieron escuchar gritos pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que llamaron «sinvergüenza» y «cobarde», informa Europa Press.

El acto contó con el apoyo de Nuevas Generaciones del PP de Madrid y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Como en concentraciones anteriores, la bandera española fue la gran protagonista, aunque también se vieron tres o cuatros banderas preconstitucionales portadas por un grupo de miembros de La Falange. Su presencia provocó un pequeño revuelo entre miembros del Foro Ermua, que les reprocharon que mostraran banderas «anticonstitucionales».

La Policía Nacional pidió la documentación a varios de los asistentes por no estar autorizada la manifestación. De hecho, la Delegación del Gobierno ha denegado el permiso para la celebración de un acto convocado para hoy frente al Ministerio del Interior por el Foro de Ermua, Basta Ya y Covite.