Un chaparrón de críticas cayó ayer sobre Cándido Conde-Pumpido. Las dos asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales arremetieron contra la retirada de la acusación contra Otegi, mientras varios sindicatos de policías y la AVT anunciaban su intención de personarse en futuros procesos contra ETA y Batasuna al entender que la Fiscalía está dejando de velar por la legalidad. La Asociación Profesional de la Magistratura entraba directamente a analizar los argumentos exhibidos por el fiscal para no considerar un delito de enaltecimiento del terrorismo las manifestaciones de Otegi en el homenaje a la etarra Olaia Kastresana y los calificaba de «jurídicamente inconsistentes». En efecto, si las manifestaciones de Otegi en las que llamaba gudaris a los terroristas no cabe considerarlas como apología del terrorismo y hay que enmarcarlas dentro del derecho a la «libertad de expresión», como hizo el fiscal, lo lógico sería que el Gobierno -que ayer le mostró su apoyo - sea consecuente y dé los pasos oportunos para eliminar esa figura penal. Claro que, de cualquier forma, seguiría siendo pertinente contestar la pregunta que dejaba en el aire el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, cuando invitaba a la Fiscalía a explicar «por qué lo que hace cuatro años consideraba como delito» no lo es ahora.

El PP estimó ayer la absolución de Otegi más grave incluso que la excarcelación de De Juana, y no le falta razón. Desde el punto de vista de la argumentación jurídica podría tener alguna justificación -si no mediara el elemento de chantaje ante el que claudicó el Gobierno- que alguien que ha cumplido más de la mitad de una pena menor pueda obtener beneficios penitenciarios. Pero es que en el homenaje a la etarra Kastresana, presidido por el anagrama de la banda, estamos ante un caso de libro de enaltecimiento de terrorismo y desistir de perseguirlo implica una dejación de funciones que roza la prevaricación. Y como no es la primera vez que se dan pasos en la misma dirección -en pocos meses Conde-Pumpido ha renunciado a emprender acciones contra el secretario general de LAB, ha descartado ilegalizar al PCTV, ha evitado actuar contra las herriko tabernas, se ha desentendido de mítines y manifestaciones de Batasuna- crece la sospecha de que la Fiscalía está sirviendo al Gobierno como instrumento para favorecer un clima que plazca a ETA, aun a costa de distorsionar, como mínimo, el espíritu de la ley. La conclusión es desoladora porque evidenciaría que sí se está pagando un precio político: para que haya tregua de ETA se pone en tregua el Estado de Derecho.