Difícilmente se puede decir más claro. La juez decana de Barcelona, María Sanahuja, reclamó ayer al Ministerio de Justicia un sistema de titulares que cubra las necesidades «reales» de los tribunales catalanes, aquejados de una «endémica» falta de opositores, y que, entretanto, se aumente el presupuesto de destinado a pagar a los jueces sustitutos.
Sanahuja aseguró que una ampliación del presupuesto permitiría al menos pagar en un plazo «razonablemente rápido» a los sustitutos, porque, con la inversión actual, en septiembre ya no hay dinero para pagar y los jueces suplentes deben esperar a que se apruebe un nuevo presupuesto antes de poder cobrar.
Según destacó Sanahuja, el año pasado los sustitutos hicieron en Cataluña el trabajo equivalente al de 90 jueces durante 365 días, pero los presupuestos para sustituciones prevén sólo 50 sustituciones al año, lo que es «ridículo», porque «cuando se acaba el dinero los sustitutos no cobran hasta cuatro o cinco meses después», informa Europa Press.
Además, Cataluña tiene 659 de las 4.371 plazas de juez de toda España, lo que representa un 15% del total, pero no recibe la partida presupuestaria correspondiente a ese porcentaje para pagar sustitutos, en una distribución del presupuesto que es, según Sanahuja, «terriblemente perjudicial para Cataluña».
Sanahuja lamentó que cada año haya menos personal formado para cubrir las vacantes, con lo que tiene que «tirar de la lista de gente sin formación previa y sin experiencia» y pidió que si ya se sabe que un 10% de los jueces no están, «se convoquen suficientes plazas para cubrir las vacantes que estructuralemente tenemos».
Además, para paliar la falta «endémica» de opositores a la Administración de justicia, Sanahuja pidió que el Departament de Justícia de la Generalitat solicite «insistentemente» que las oposiciones se convoquen por comunidades, porque «cuando se hace así se compensa el porcentaje de aprobados» de cada zona.
Por lo que se refiere al número de posibles repercusiones derivadas de la falta de jueces, la juez decana explicó que no hay un sistema informático que permita saber cuántos juicios se han suspendido en los últimos años por esta razón, aunque aseguró que han sido «unos cuantos».
Del mismo modo, señaló que aunque no se suspendan, seguramente algunos «no se se están haciendo en buenas condiciones», lo que «repercute directamente en los ciudadanos, que reciben un servicio en muchas peores condiciones».
