La vicepresidenta Fernández de la Vega oficializó ayer lo que era vox populi desde el pasado lunes, cuando ella misma tuvo que tomar las riendas de las negociaciones toda vez que exhibidores y televisiones prácticamente no reconocían como interlocutora válida a la ministra del ramo, Carmen Calvo. De la Vega, ayer, anunció que la cocción gubernamental de la norma se retrasa al menos hasta finales de abril porque el texto, que busca favorecer al productor independiente y penaliza a las TV, genera potentes rechazos en el sector.

Además, Cultura parece definitivamente apartada de la negociación: ayer se anunció que De la Vega se reunirá con varios de los sectores en conflicto, por ejemplo el del cine de animación, durante la próxima semana.

La vicepresidenta aceptó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se negocia «sin calendario» y que aún queda mucho «consenso» por conseguir, y sus palabras se revistieron de toda la cautela que le faltó a Calvo el pasado martes, cuando tras desbloquearse el lunes las negociaciones prácticamente dio por hecho el acuerdo.

La vicepresidenta fue ayer prudente y cuidadosa, y las cadenas privadas, quienes se resisten con más fuerza a la norma en su redacción actual, agradecieron el gesto con un comunicado de guante blanco: «Celebramos las palabras de la vicepresidenta y nos reafirmamos en el compromiso de diálogo», hicieron público fuentes de UTECA, que agrupa a las TV y que aún así se posiciona contra el texto.

Quedó ayer claro por otro lado que la negociación de la norma se ha convertido en un absoluto avispero para el Gobierno.

Después de «tres años» de conversaciones, según Calvo, sólo productores y distribuidores apoyan el borrador tal y como está. Las TV no quieren invertir en cine español el 5% de sus ingresos (peaje que les impuso el Gobierno Aznar) y se niegan a coproducir con productores «independientes» -es más, insinúan amiguismos en el favoritismo gubernamental hacia éstos-.

Por sus lado, los exhibidores, agrupados en la Federación de Cines de España (FECE), quieren que la ley asegure que se cumple la resolución de hace medio año del Tribunal de Defensa de la Competencia, que censuró la situación de monopolio que las multinacionales estadounidenses ejercen en la distribución, prácticas mafiosas incluidas. El texto llamaba a los poderes públicos a cuidar de que no se produzcan esas prácticas y, según FECE, el borrador actual de la ley se lava las manos y «da carta de naturaleza al monopolio de las majors». Además, FECE está históricamente en contra de la cuota que les obliga a proyectar un 25% de cine europeo, situación que el borrador mantiene.

Los actores, hasta hace nada convidados de piedra, se pusieron bajo los focos anteayer con un durísimo comunicado contra el borrador, que tacharon de «injusto» y que «ningunea a la profesión y no cuenta con ese consenso del que tanto presume el Gobierno».

De la Vega ha conseguido también algo de lo que Calvo se quejó amargamente, pero no pudo atajar: el trámite de la ley en su escollo central, el que aleja a TV y productores, al menos ya no es «televisado», como dijo la ministra.

Y esto puede tener dos lecturas: o bien las promesas de la vicepresidenta han tranquilizado a las cadenas privadas, que al menos se fían de De la Vega, o en realidad las TV tratan de ganar tiempo para hacer descarrilar la norma a la larga: si el anteproyecto no sale del Consejo de Ministros hacia el Congreso (ya convertido en proyecto) a finales de abril, justo dentro de un mes, la ley puede darse por muerta: no habrá sesiones parlamentarias suficientes en esta legislatura para aprobarla.

De la Vega dijo ayer que se busca el «mayor grado de consenso posible» hasta lograr «la mejor ley posible para los ciudadanos y los sectores implicados». Abundó: «El Gobierno quiere que la nueva ley aúne como objetivo fundamental la defensa del cine como un activo industrial y también cultural para nuestro país». Además, el Gobierno «participará activamente» en la reuniones para conciliar intereses «a veces contrapuestos».

Hasta ayer, el trámite previsto para el texto incluía un paso por el Consejo de Estado después de recortar flecos aquí y allá en negociación con el sector, y un posterior regreso al Consejo de Ministros en no más de cuatro semanas. Ahora, ya nadie sabe qué pasará con una ley «sin calendario». Y el reloj corre. Continuará.

La bronca de la negociación de la Ley del Cine, amplificada por la constante atención de los medios de comunicación, llegó ayer al Congreso, donde el PP aprovechó para soltarle un buen estacazo al Gobierno: «Sea cual sea el resultado final, será una ley 'boomerang' que se volverá contra el sector que se intenta proteger», anunció el Grupo Popular en un comunicado. Los 'populares' añadieron que «todas las negociaciones en el Ministerio de Cultura han ignorado durante meses a todos los sectores afectados por la futura ley» y acusaron a este departamento de haber intentado «tramitar un texto unilateral donde sólo se contemplan los intereses de los productores cinematográficos». El PP reiteró una de sus concepciones de lo que debe incluir la ley: «Un modelo fiscal más ambicioso que reconozca y compense a los exhibidores cinematográficos», y fue más allá: «Que las televisiones públicas, concretamente TVE, asuman una parte mayor en el apoyo al cine que las televisiones comerciales». CiU, por su parte, templó gaitas como suele: «Es necesario encontrar un equilibrio entre los intereses de los productores y los de las televisiones. Es muy importante que los productores se sientan apoyados por esta ley, pero las televisiones son un elemento clave en la industria del cine», dijo su portavoz de Cultura, Jordi Vilajoana, que llamó a «buscar soluciones para que los exhibidores no sean los únicos perdedores de esta ley».