A juicio de Cañete, esta situación sería «muy perjudicial», ya que «los conflictos de intereses entre los objetivos de política energética y económica en general de Italia y España pueden ser incontables». Y el diputado popular se preguntó «qué intereses defenderá Endesa como empresa que va a formar parte del sector público italiano».

Según su criterio, esta operación puede constituir «una de las intervenciones políticas y empresariales más opacas e irregulares de la historia de la democracia española». En este sentido, Cañete insistió en recordar que «Enel es una empresa pública, controlada en su capital y en sus órganos de administración por el Ministerio de Economía italiano».

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, mostró su satisfacción por la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de no autorizar ninguna OPA sobre Endesa por parte de Enel y Acciona durante los próximos seis meses. En declaraciones a Europa Press, Zaplana explicó que «todo lo que está sucediendo en torno a la OPA sobre la eléctrica española es un esperpento como se demuestra día a día».

«En cualquier caso», añadió Zaplana, «supongo que a los accionistas a los que compraron sus acciones aquéllos que ahora intentan presentar una nueva OPA sobre Endesa, a los que obviamente se les ocultó que esa iba a ser su acción final, les pagarán la diferencia entre lo que ahora ofrecen en esa OPA y el precio por el que compraron, porque de no hacerlo, desde luego, estos accionistas tienen todo el derecho del mundo a sentirse engañados», explicó (ver gráfico).

El Gobierno 'no interviene'

Desde las filas del Ejecutivo habló la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien recalcó que el Gobierno «ni interviene ni ha intervenido» en las operaciones empresariales que afectan a Endesa.

Según manifestó durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, «la o las OPA» sobre Endesa se producen en el ámbito empresarial y «con arreglo a las normas del mercado».

Por su parte, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, negó también la intervención del Gobierno en esta operación y añadió que los movimientos de los accionistas son «su responsabilidad y su riesgo».