Lo que sí hace el Ejecutivo es asumir otro coste político por el trato al portavoz abertzale, que se une al reciente sobre la prisión atenuada de Ignacio de Juana Chaos.

Recibe la crítica del PP por supuestas concesiones a ETA y la de Batasuna por no cumplir presuntos acuerdos, pero a cambio no consigue ni que los terroristas dejen de serlo ni que los de Otegi den el paso hacia la legalidad.

Lo mismo ocurrirá en breve cuando inste a la anulación de candidaturas de Batasuna, con el nombre que sea: será criticado por la izquierda abertzale por no permitirles concurrir a las elecciones municipales y forales y, a nada que se cuele una lista, por el PP por facilitar las cosas a quienes apoyan a ETA.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ejecutó ayer el papel pasivo del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para sostener que el fiscal y los jueces actúan de forma autónoma y al margen del Ejecutivo.

«El Gobierno ni ahora, ni antes, ni nunca da instrucciones a la Fiscalía General del Estado. El Gobierno dirige la política criminal y, en ningún caso, se ha dado ninguna orden y ninguna instrucción a la Fiscalía o al fiscal. En democracia es así. Vivimos en un Estado democrático», dijo.

Añadió que «las reglas de funcionamiento de la Administración de Justicia y del Poder Judicial están claramente establecidas en la Constitución y en la ley. Al fiscal le incumbe el ejercicio de la acción penal y la formulación de la acusación, y a los jueces y a los tribunales les corresponde, en función de las acusaciones, adoptar las decisiones».

«Ésa es su responsabilidad; la de todos los demás es respetar la autonomía constitucional del fiscal y la independencia constitucional de los jueces, sabiendo que todas las decisiones están sujetas a las reglas de la posible sana crítica desde el respeto», concluyó.

Sobre supuestos compromisos con ETA dijo que «los únicos compromisos del Gobierno son los que ha adquirido con los ciudadanos, y no hay ningún otro más». Tras el discurso del yo no he sido, Fernández de la Vega añadió las habituales críticas al PP: «Quiere ignorar permanentemente el más elemental funcionamiento del Estado de Derecho».

«Algunos podemos decir que estamos poniendo trabajo, esfuerzo y prudencia al servicio del bien común y de los ciudadanos. En eso nos sentimos acompañados por la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, pero el PP no tiene esta actitud porque piensa en el servicio de sus propios intereses y en cómo recuperar el poder», aseveró.

«El señor Rajoy, en su desesperación por tratar de recuperar el poder, se está permanentemente saltando todos los límites. Eso no es razonable ni responsable», concluyó.

La instrucción que han recibido los ministros y los dirigentes del PSOE es la de no intentar justificar la decisión, sino atribuírsela a la Fiscalía y a la Justicia.

En la misma rueda de prensa, la vicepresidenta primera también desvinculó al Gobierno del futuro de Endesa, pero en esta cuestión la muletilla es la del respeto al libre mercado.