Los socialistas intentaron el acuerdo con el PP y avanzaron en aspectos importantes, pero ahora se han roto las conversaciones y el PSOE tampoco ve aún posibilidades de acuerdo con el resto de grupos minoritarios.

Esos dos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial hacen referencia, básicamente, a la reforma de los recursos de casación, la creación de consejos autonómicos de Justicia, la generalización de la doble instancia penal, la reforma de la oficina judicial y la Justicia de proximidad.

Es decir, se trata de casi todo el desarrollo del capítulo de Justicia del programa electoral del PSOE, puesto en marcha por el anterior ministro, Juan Fernando López Aguilar.

El portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, y el responsable de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, iniciaron hace meses las conversaciones y avanzaron notablemente en algunos aspectos, según admiten ambos.

Por ejemplo, tenía casi acordada la reforma del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para desatascarlo y para desviar casos hacia los tribunales superiores. También tenían casi cerrada la extensión de la doble instancia penal, en cumplimiento de una sentencia de Estrasburgo.

El problema es que el PP asegura que había pactado con el PSOE buscar un acuerdo global sobre Justicia en el que se incluyeran esas dos leyes y también la de reforma del Tribunal Constitucional. Según la versión de los populares, López Garrido telefoneó hace varias semanas a Astarloa para comunicarle que no aceptaba sus propuestas sobre el Constitucional y que el Gobierno sacaría adelante ésta última con el resto de grupos.

Por eso, el PP da por rotas las conversaciones, amplía la ruptura a las otras dos leyes de Justicia y, según ratificaron ayer mismo a este periódico, su decisión es irrevocable.

La semana pasada se aprobó en el Pleno la ley de reforma del Constitucional, sin el PP e incluyendo aspectos que este partido no sólo rechaza, sino que prevé recurrir, como la permanencia de la presidenta y la propuesta autonómica para el nombramiento de magistrados por el Senado.

La versión del PSOE es que no se llegó a pactar nunca un acuerdo global y que el PP exigía imponer sus posiciones en la ley del Tribunal Constitucional, lo que no facilitaba el consenso. Por ejemplo, el recurso previo para estatutos.

La próxima semana se constituyen las ponencias de las leyes de reforma del Poder Judicial, después de una veintena de aplazamientos del periodo de presentación de enmiendas. Fuentes de la dirección del Grupo Socialista aseguraron ayer a este periódico que es difícil que las dos leyes tengan apoyo suficiente, una vez que el PP se ha descartado del acuerdo.

La razón es que en los primeros contactos con los grupos nacionalistas que podrían apoyar esta ley han sido negativos. Por ejemplo, piden un desarrollo de los nuevos consejos autonómicos del Poder Judicial que el Gobierno no acepta, superan el polémico modelo del Estatuto catalán y están muy lejos del valenciano que el PP sí aceptó en su momento.

Tampoco es fácil, según el PSOE, el acuerdo con el resto de grupos sobre la descentralización del Supremo en favor de los tribunales superiores. Tanto que esas fuentes no descartan que las dos leyes sean finalmente retiradas.

En una de esas leyes es donde IU quería introducir una enmienda para reducir las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones. En principio, el Gobierno dijo la pasada semana que apoyaba esa iniciativa, pero esta semana ha dado marcha atrás y puede ser que ni siquiera salga adelante la ley.

En cuanto a la renovación del Consejo, el Grupo Socialista asegura que no hay convocada ninguna reunión con el PP para intentar un acuerdo.