El Colegio catalán indicó que el hecho de que el PP se haya dirigido a los accionistas, anunciantes y clientes del grupo Prisa puede interpretarse como «un intento de condicionar la independencia en el ejercicio del periodismo».

La APM lamentó esa decisión e hizo un llamamiento a los editores y periodistas para que «propicien un clima de entendimiento en la sociedad, sin merma del debate y la crítica».

La junta ejecutiva de la FeSP indicó que boicotear a un grupo de comunicación «por estar en desacuerdo con las declaraciones de un empresario no se sostiene en un sistema democrático». Añadió que la decisión del PP «merma el derecho de la ciudadanía a recibir información», lo mismo que la reciente negativa del PSOE a acudir a las tertulias de Telemadrid.

El Comité de Redacción de El País indicó que es algo que «no tiene precedentes en países democráticos y que pretende situar a los periodistas en la dependencia de los intereses políticos». El comité de empresa de la cadena Ser dijo que es un ataque «desmedido, calumnioso, injurioso e injustificado».

El número dos del PSOE, José Blanco, afirmó que «es un ataque gravísimo a la independencia de un medio privado, con lo que Rajoy ha ido más lejos de lo que nunca se atrevieron Aznar o Fraga».