Concretamente, se trata de 950 plazas, cuyo anuncio fue publicado el pasado 7 de febrero en el BOE. En esta oferta de empleo público se mantienen las escalas masculina y femenina del mencionado cuerpo de funcionarios, de modo que 700 plazas se reservan para los hombres y sólo 250 para las mujeres que concurran a las oposiciones.

Un mes más tarde, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ya ha aprobado la Ley de Igualdad -concretamente el pasado día 15, aunque su publicación oficial no se produjo hasta ayer-, que en su disposición adicional 30 declara «extinguidas las actuales escalas masculina y femenina» para el cuerpo de ayudantes.

Unificación de las escalas

Se cumplía así con la petición de la diputada socialista María Escudero Sánchez, que el 13 de octubre de 2005 presentó una proposición no de ley para que, «de forma urgente», se procediera a la «unificación» de las escalas masculina y femenina de ayudantes de prisiones, argumentando que, «en la actualidad, no existe función de seguridad que requiera una diferenciación de sexos en su ejecución, ni por seguridad de las personas profesionales ni de las atendidas», entre otras razones por «la experiencia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Sin embargo, según la información manejada por el sindicato de funcionarios de instituciones penitenciarias Acaip, la Dirección General ha estado estudiando durante esta semana la forma se sacar la convocatoria del presente año sin respetar la unificación que el Gobierno impone en la Ley de Igualdad.

Y ello pese a que la disposición transitoria primera de este nuevo cuerpo legal -que fue aprobado por el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra- establece claramente que «las normas sobre composición y representación equilibrada contenidas en la presente ley serán de aplicación a los nombramientos que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor, sin afectar a los ya realizados».

Según fuentes de UGT, los informes evacuados para contemplar la posibilidad de realizar una convocatoria antiparitaria advierten que resultará «difícil», ya que «el proceso selectivo no ha sido iniciado y un real decreto del Consejo de Ministros es inferior a una ley orgánica» que, además, ha entrado oficialmente en vigor hoy mismo.

En cualquier caso, los sindicatos siguen reclamando una «moratoria prudencial» para analizar las consecuencias que la aplicación de la Ley de Igualdad pueda tener para el régimen penitenciario español. En este sentido, pesa mucho el precedente catalán, que tras acabar de un plumazo con la discriminación por razón de sexo en el cuerpo de ayudantes, tuvo que imponer una prueba física para evitar que las mujeres coparan la mayoría de plazas convocadas.