El fallo subraya que Otegi habría sido condenado de no haber procedido la Fiscalía a retirar la acusación, «lo que impide al tribunal dictar otro tipo de resolución que no sea la absolución».

En los hechos probados de la sentencia, los magistrados relatan cómo Otegi participó activamente en el homenaje a la etarra Olaia Castresana, muerta en 2001 mientras manipulaba una bomba en Torrevieja, a la que ensalzó por su lucha y presentó como un ejemplo para los jóvenes. Por estos mismos hechos, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya había condenado a Otegi en marzo de 2004, pero el juicio fue anulado por un defecto de forma. La Fiscalía volvió a acusarle, pero cambió de criterio en el juicio celebrado el pasado miércoles, donde pasó a pedir la absolución.

Aunque puede alegarse que la prueba no ha sido sometida al principio de contradicción y que sin acusación no ha habido juicio en sentido estricto, el razonamiento jurídico de los tres magistrados es en el fondo difícilmente rebatible, ya que Otegi incurrió en un claro delito de enaltecimiento al exaltar el comportamiento de una etarra y participar en un acto que se convirtió en un mitin de la banda armada.

La vicepresidenta De la Vega volvió a descalificar al PP por pedir la dimisión del fiscal general del Estado e insistió en que Rajoy utiliza la política antiterrorista para desgastar al Gobierno, lo cual es tan cierto como lógico e inevitable, dadas las circunstancias. Pero las críticas a Zapatero no sólo provienen del PP. La prueba es el manifiesto que leyó ayer Fernando Savater en nombre de diversos colectivos, en el que se denunciaba la negociación «oculta» del Gobierno con ETA, se pedía que Batasuna no pueda presentarse a las elecciones y que la Justicia actúe con el máximo rigor judicial contra la banda, que es lo contrario de lo que está sucediendo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es el responsable de la absolución de Otegi porque la carrera fiscal funciona con un criterio jerárquico. Su actuación en este asunto colma el cúmulo de desprópositos y arbitrariedades en las que ha incurrido desde marzo del año pasado, cuando ETA declaró su tregua.

En lugar de dar explicaciones sobre su insólito proceder, la Fiscalía de la Audiencia Nacional calificó ayer de «pataleta infantil» la sentencia de los tres magistrados y de «teatro vergonzoso» la celebración de la vista, en lo que constituye una insólita falta de respeto hacia la actuación de un tribunal que, por otra parte, se ha limitado a seguir escrupulosamente lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No se puede decir lo mismo del proceder del fiscal general del Estado. El PP tiene motivos suficientes para pedir que sea destituido por Zapatero, tanto por su bochornoso comportamiento en este caso como por una trayectoria que le inhabilita para seguir al frente de una institución tan importante en el Estado de Derecho.