Aun así, la CNMV debería intentar despejar las sombras de posibles irregularidades en la operación. Existe la sospecha razonable de que haya podido existir una concertación desde un principio entre la compañía italiana y la constructora española para hacerse con el control de Endesa. Existe la sospecha también de que ambas hayan decidido adquirir paquetes de acciones a un precio menor que el de una OPA cuando ya sabían que acabarían lanzándola, de forma que se garantizaban desembolsar menos en la compra. Y existe la sospecha igualmente de que Enel y Acciona pudieran controlar ya de forma indirecta y junto a la SEPI más del 50% de Endesa, lo que podría abocar al fracaso la oferta de E.ON y poner el reloj a cero para su OPA conjunta. Lo que si está fuera de toda duda es que se ha burlado al mercado, ya que Enel y Acciona descartaron alcanzar el 100% de Endesa y subrayaron que su intención era no sobrepasar el 25%. De haber sabido que el objetivo final era la OPA, probablemente muchos accionistas hubieran preferido aguantar y no vender.

Pero a estas sombras, que debería tratar de esclarecer la CNMV, hay que añadir otra fundamental que podría viciar de origen la irrupción de Enel en Endesa: saber si hubo acuerdo previo entre el Gobierno italiano (accionista mayoritario de la eléctrica) y el español. Fue el ministro Clos el primero en generar esa duda al revelar, satisfecho, por «intuición» y antes de que lo supieran los mercados, que había una «solución española» para Endesa. Y fue el Gobierno el que confirmó las suspicacias con su bienvenida a Enel, tan diferente del recibimiento hostil (decreto incluido) que dispensó a E.ON.

En cualquier caso, y a la vista de los hechos, lo que ha quedado claro es que el respaldo del Ejecutivo a Gas Natural para que prosperase su OPA suponía un fiasco para los accionistas. Más aún por cuanto E.ON, tras la ofensiva de sus competidores, ya baraja subir de nuevo su oferta.