Tanto CCOO como UGT consideraban que el programa representaba un riesgo para ellos y, además, era incongruente porque el consumo de sustancias estupefacientes en prisión está penado. El ministerio público llegó a abrir diligencias por delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores. No obstante, la denuncia fue archivada de forma contundente por la Fiscalía de Tarragona en un auto en el que se recordó que la entrega de equipos de inyección higiénicos a los internos drogodependientes está amparada por una orden de la Generalitat, la incentivan el Parlament y el Congreso, y la recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Este programa, que ya se aplicaba desde finales de 2002 en la mayoría de cárceles de España, se implantó por primera vez en la cárcel de Basauri, en Vizcaya, y paulatinamente fue extendiéndose a otros centros penitenciarios.

Cerca del 70% de las personas que cumplen condena en España son toxicómanas y, de éstas, el porcentaje de seropositivos es muy alto. Con el objetivo de reducir estas alarmantes cifras se pusieron en marcha estos programas. En Cataluña, el PIX estuvo rodeado de polémica desde su inicio. Desde una primera oposición de los sindicatos hasta sus reiteradas quejas por el escaso control con el que se aplicaba.

UGT y CCOO exigieron desde el principio que se formara plenamente a los trabajadores penitenciarios para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y hacer partícipes a los representantes de los trabajadores para garantizar la viabilidad y éxito del programa.

El pasado año, la prisión de Pamplona, una de las pioneras en aplicar el plan, fue galardonada con el Premio europeo a las buenas prácticas de salud en las prisiones, concedido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El exhaustivo control de las jeringuillas y de sus usuarios fue una de las claves de esta iniciativa. Si en Cataluña no se sigue de más de cerca este programa persistirá el riesgo de convertirse en un plan que cause más contagios de los que pretende prevenir.