El Ejecutivo envió este recado a la izquierda abertzale al menos una semana antes de que su decisión trascendiese y lo hizo a través de algunos de los canales indirectos que se han venido estableciendo tras el atentado de Barajas.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno no realizó este «gesto» a cambio de algo concreto, sino con el fin de evitar la situación especialmente delicada en la que hubiera derivado la muerte del asesino y, probablemente también, con la intención de no cercenar las expectativas de reabrir en un futuro la negociación.

La concesión del segundo grado fue el colofón a un época de decisiones controvertidas en las que el estado de salud del etarra ha sido objeto de negociación en varias ocasiones.

De Juana Chaos inició la huelga de hambre en protesta por la causa judicial que se le abrió por dos artículos amenazadores que publicó justo cuando estaba a punto de licenciar su condena por sus 25 asesinatos en el comando Madrid.

En un principio, ETA no avaló su decisión por dos motivos: según los informes de las Fuerzas de Seguridad, la banda hacía años que había decidido expulsarle, aunque sin comunicarlo por escrito. Además, ETA no respalda las decisiones unilaterales de sus miembros, al considerarlas signos de indisciplina que le impiden el control absoluto sobre el colectivo de presos.

ETA -que consideraba que el proceso atravesaba una profunda crisis- vio el modo, no obstante, de rentabilizar la situación. Desde ese momento, a cada uno de los actos de terrorismo callejero se le dio como explicación el malestar por la situación del recluso, a pesar de que, en realidad, la kale borroka no había desaparecido ni siquiera durante los tres meses de alto el fuego destinados a verificar la voluntad de la banda. El Gobierno se encontró con la intensificación de un tipo de violencia que, según los acuerdos previos al alto el fuego, tenía que haber desaparecido de raíz y con el hecho de que el caso De Juana era utilizado por los radicales para ejemplificar ante sus bases la represión y la arbitrariedad jurídica que atribuyen al Estado español.

En esas circunstancias, la izquierda abertzale hizo notar a los socialistas vascos que la huelga se estaba convirtiendo en un elemento de distorsión en el proceso y les hizo considerar la conveniencia de encontrar una solución.

Las recomendaciones de los dirigentes de Batasuna fueron remitidas al Ejecutivo, que encontró un modo de convencer al preso de que abandonase su huelga de hambre. Con el fin de resolver el problema, prefirió obviar la posibilidad de recordarle a la banda que el comportamiento de sus reclusos entraba dentro de sus responsabilidades dentro del proceso de negociación.

Días más tarde, los dirigentes de la izquierda abertzale explicaron a sus bases que habían logrado un compromiso por el que el terrorista no iba a pasar más de dos años en prisión, pese a que la pena que la Fiscalía había solicitado para él, en aquellos momentos, todavía ascendía a decenas de años.

De Juana Chaos retomó su huelga de hambre cuando, ya en el Supremo, la Fiscalía mantuvo su petición de 12 años. El Alto Tribunal trató el asunto con gran celeridad y rebajó la condena a tres. Pero para entonces De Juana ya había reiterado que sólo abandonaría la huelga si se le garantizaba la libertad.

El Ejecutivo decidió dar carpetazo al problema adoptando una decisión política que fue asumida inicialmente por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Para ello, la Dirección General de Prisiones convocó la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez de manera extraordinaria y, según publicó este periódico, fue el voto del director del centro penitenciario el que desniveló la votación a favor de la aplicación del artículo 100.2.

El presidente del Gobierno confirmó con posterioridad que el terrorista no regresará a prisión para cumplir el resto de su condena aunque se restablezca antes de que este plazo se cumpla.