Por la vía de urgencia y por el procedimiento de lectura única, el último pleno de la VI Legislatura de las Cortes de Castilla y León dio luz verde a la ley que considera de «interés regional» el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria. La mayoría popular en la cámara hizo que la ley saliera adelante como «el proyecto medioambiental más importante de la legislatura y un ejemplo de desarrollo», en palabras de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la soriana María Jesús Ruiz.

La oposición (PSOE) definió el proyecto como «un pelotazo verde y una tropelía», frases que pertenecen al parlamentario regional por Soria Carlos Martínez.

Posturas.

El Gobierno regional defiende el proyecto porque acoge medidas «para el desarrollo rural, evita la despoblación y da oportunidades a los jóvenes». El PSOE, que abandera la oposición al proyecto, echa en cara al Ejecutivo regional que «se hurta la participación de colectivos y ciudadanos» por la aprobación de lectura única, que consideran como «una tramitación de urgencia». Dos bandos bien diferenciados para la castigada provincia soriana.

Inversión millonaria.

La Ciudad del Medio Ambiente comprende más de 550 hectáreas, y prevé una inversión de 500 millones de euros, la creación de 1.000 puestos de trabajo y 120 proyectos empresariales. El Gobierno regional asegura que ya están garantizados 380 millones de euros de inversión y 400 empleos directos. La CMA se constituye mediante un consorcio creado por la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Garray. El Ayuntamiento de Soria se descabalgó gracias a la mayoría de la oposición en el Pleno; precisamente, ésta fue la cuestión que hizo romper el pacto de gobierno de legislatura que protagonizaban el PP e Iniciativa por el Desarrollo de Soria (Ides), una formación independiente con dos concejales clave para decantar hacia un lado u otro los temas de política municipal.

Narbona se opone.

Nada más aprobarse la ley, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien meses atrás había descartado cualquier intervención contra la CMA, anunciaba tres «frentes» posibles: remitir la ley a la Fiscalía contra los delitos medioambientales y acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo, vía ésta última que parece reservada a los grupos ecologistas.

La Fiscalía descartaba «cualquier actuación» contra una ley emanada de un Parlamento autonómico mientras la vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, tachaba las intenciones de Narbona de «sectarias y propias de un Gobierno descomprometido con la Comunidad de Castilla y León».

Zonas temáticas.

La ordenación de la CMA se organiza en varios campus o zonas temáticas. El Campus Institucional albergará centros de investigación del medio ambiente y contará con espacio para celebrar congresos y exposiciones. El Campus Investigador y Empresarial acogerá compañías relacionadas con las energías alternativas, el aprove- chamiento de recursos, el reciclaje, o la investigación forestal y agraria. El Campus Deportivo-Lúdico contará con una piscina y un hipódromo, entre otros servicios, y se construirán paseos para peatones y ciclistas. El Campus Fluvial y Lacustre tratará de preservar y enseñar los valores naturales del río Duero mediante recorridos didácticos.

Finalmente, el Campus del Hábitat albergará dos hoteles y hasta un máximo de 780 viviendas. He aquí uno de los puntos de la polémica suscitada y las acusaciones de «especulación» por parte de los detractores de la CMA, que comparan esta infraestructura con la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, en Avila, paralizada por sentencia del Constitucional.

Viviendas.

La zona «edificable» de la CMA -en torno a 60 hectáreas- se denomina P.6-3, y fue recalificada como suelo urbanizable el 12 de junio de 1996, con los votos favorables del PP y PSOE del Ayuntamiento de Garray. La norma urbanística sigue en vigor y hasta hace unos meses le permitía rebasar la construcción de 60 viviendas por hectárea, lo que habría significado la posibilidad de construir en el sector más de 4.000 viviendas.

Modificado el reglamento de Urbanismo de Castilla y León el pasado mes de octubre de 2006, en el P.6-3 se podrían construir, con la catalogación de «suelo urbanizable delimitado», con entre 15 y 30 viviendas por hectárea, es decir, 900 o 1.800 viviendas. Las previsiones de la Junta son las de construir 780 viviendas.

En el resto del Soto de Garray, el suelo es «no urbanizable especialmente protegido», y las referidas normas urbanísticas de 1996 señalan que «no se permitirán otras construcciones que las destinadas al servicio de obras públicas y las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social».

Socialistas a favor.

Pero al PSOE le ha salido un grano en el propio Ayuntamiento de Garray. Sus tres concejales, José Ignacio Romero, Alberto Bueno y Oscar García Chacobo, en acuerdo plenario del 13 de enero de 2006, votaron a favor de que el Consistorio se integrase en el consorcio de la CMA junto a la Diputación y la Junta, y por ende, daban su respaldo a la Ciudad del Medio Ambiente.

Un año después, a pesar de que sus postulados contravienen los del partido, insisten en que la CMA es buena para Garray «porque traerá inversiones y riqueza». Más todavía, no ven atisbo de «ilegalidad o especulación». «De haber visto algo así habríamos votado en contra», dicen.

El PSOE de Soria, para afrontar esta discrepancia, habla de «respetar la autonomía municipal», y no contempla, por el momento, acciones encaminadas a que sus ediles no repitan en las listas de las próximas elecciones municipales. Los concejales garreños tienen claro que «es la época del electoralismo y en estos momentos hay votos en juego».

Para potenciar esa atmósfera de dos bandos, la alcaldesa de Soria, Encarnación Redondo, tiene claro que «todo lo que se hace por Soria es cuestionable», mientras que el escritor Fernando Sánchez Dragó habla de «atentado al ecosistema» y uno de los miembros de la familia Marichalar, Alvaro, afirma que «se quieren cargar el Duero».

SORIA.- Los proyectos inversores ya confirmados para la CMA pertenecen a Iberdrola, Telefónica y Eólica de Medinaceli, además de la primera Escuela Nacional Ecuestre que contará con un centro de alto rendimiento deportivo.

Biovent Holding (Iberdrola) fue el primero en impulsar la CMA en junio de 2006, con un proyecto para producir energía solar, eólica y biomasa. La inversión directa será de 91 millones, a lo que se suman 267 millones más en el entorno, inducidos por la CMA. Biovent quiere instalar en Soria una de las mayores plantas termosolares existentes en el mundo, con sólo otra similar en el desierto de California. La puesta en servicio está prevista para el año 2010.

La segunda firma en mostrar su deseo de invertir en la Ciudad del Medio Ambiente fue Preneal e Inverduero, a través de su sociedad Eólica de Medinaceli. La inversión asciende a 10 millones de euros y proyecta un híbrido de almacenamiento de energía para poder utilizarla en cualquier momento, superando la restricción de contar con energía eólica sólo cuando hay viento. Su aplicación también será en el año 2010.

Telefónica también quiere dejar su impronta en la CMA y aplicar en ella «la tecnología más avanzada», esto es, domótica en los hogares, sistemas remotos de seguridad vial e infraestructuras de banda ancha muy avanzadas. La inversión comprometida alcanza los seis millones de euros. Al igual que las anteriores inversiones, la puesta en marcha se prevé en 2010. Y en busca de un mayor contenido para la infraestructura, la Junta construirá en el denominado campus deportivo de la CMA la primera Escuela Nacional Ecuestre, con una inversión de 12 millones de euros.

SORIA.- La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) garantiza que la CMA «no se encuentra en zona inundable», e incluso elogia la mejora del proyecto. Precisamente, una de las críticas de los detractores de este proyecto hacía referencia a los riesgos de inundabilidad. En el informe que firma el comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez, se indica que las actuaciones previstas dentro del proyecto regional de la CMA «están fuera de las zonas de inundación frecuente, ocasional y excepcional» que vienen marcadas por el número de años de media en los que se podría producir la crecida del Duero, y que se sitúan en 50, 100 o 500 años, respectivamente.