Para España, el texto contiene otra referencia fundamental que sólo pudo incluirse en el último minuto: el acuerdo de luchar juntos contra la inmigración ilegal.

El documento con el que hoy la Europa comunitaria conmemorará el 50º aniversario de sus tratados fundacionales llevará la rúbrica de los presidentes de las tres instituciones de la Unión -el Consejo, la Comisión y el Parlamento- y es sólo un primer paso que abre camino para la batalla que se librará en la Cumbre de junio, cuando los socios tengan que optar por rescatar de la agonía el proyecto de Constitución Europea o definitivamente dejarlo morir.

Desde el punto de vista español, la Declaración de Berlín es satisfactoria. Los diplomáticos encargados de los asuntos comunitarios han conseguido con paciencia y mano izquierda incluir en el documento, con más o menos énfasis, los cinco principios que España considera claves de la herencia comunitaria para que ésta siga progresando con éxito.

A saber: una referencia a la importancia de la ciudadanía, a menudo marginada por la omnipresencia de los estados; una llamada clara a la igualdad ineludible de hombres y mujeres; la insistencia en el compromiso de solidaridad entre los socios, entendiendo como tal el refuerzo de la cohesión económica y social que tan buenos resultados ha dado a un país como España; el reconocimiento de la diversidad de lenguas, culturas, religiones y sensibilidades dentro del marco europeo y, por último, y sobre todo, el compromiso de luchar contra el terrorismo, la delincuencia y la inmigración ilegal.

Así por ejemplo, y en relación con este último punto, retocado in extremis, la Declaración dice textualmente: «Vamos a luchar juntos contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la inmigración ilegal. Y lo haremos defendiendo las libertades y los derechos ciudadanos incluso en el combate contra sus enemigos. Nunca más debe dejarse una puerta abierta al racismo y a la xenofobia. Defendemos que los conflictos del mundo se resuelvan de forma pacífica y que los seres humanos no sean víctimas de la guerra, el terrorismo y la violencia».

Satisfacción

En opinión de España, la Declaración de Berlín funde hábilmente el reconocimiento de los valores esenciales de la Europa comunitaria con el establecimiento de aspiraciones para el futuro. El Gobierno español contempla con satisfacción que en el texto se reconozca que «el mercado interior y el euro nos han hecho más fuertes» porque, además de ser cierta la premisa, con ella se complace a aquellos socios que siempre han visto la Unión como un proyecto vital en términos económicos pero no en su dimensión política.

Esta afirmación se ve compensada con creces con la promesa de «renovación» de los cimientos comunitarios antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. La Declaración de Berlín no va más allá; simplemente siembra la semilla y abre el camino para la que ya se vaticina como una nueva gran batalla comunitaria que se librará en junio en esta misma ciudad. Será entonces, en el Consejo Europeo que cerrará la Presidencia alemana, cuando los 27 tendrán que decidir qué hacer con el proyecto de Constitución Europea.

De la cita de junio debería surgir la convocatoria de una nueva Conferencia Intergubernamental (CIG) que negocie los cambios esenciales que necesita la Unión. España mantiene que dicha negociación debe hacerse sobre la base ya establecida en el Tratado Constitucional de la UE y no sobre el Tratado de Niza. Éste será el meollo de la cuestión dentro de apenas tres meses, porque la Declaración de Berlín no hace sino ocultar momentáneamente las enormes discrepancias entre Estados miembros a la hora de «renovar los fundamentos» de la Unión.

Respecto a la Carta Magna se han constituido tres bloques: de un lado, los países «amigos de la Constitución», entre los que se encuentra España, y que apuestan por ampliar el actual Tratado Constitucional incluyendo en él las aspiraciones, sobre todo de tipo social, de los dos países que lo han rechazado en referéndum: Francia y Holanda.

Esta postura se contrapone a la de quienes proponen reducir el Tratado a sus mínimos imprescindibles, o lo que es lo mismo, a sus aspectos institucionales, posición que defiende el candidato francés Nicolas Sarkozy. Por último está la postura de quienes optan por enterrar definitivamente la Constitución. En este bando se sitúan, por diferentes motivos, Holanda, Polonia, República Checa y Reino Unido.

Esta división indica que ninguno de los reticentes reconocerá a la Declaración de Berlín la categoría de compromiso firme, sobre todo si como tal se interpreta el rescate del texto constitucional con retoques.