PABLO PARDO. Especial para EL MUNDO
WASHINGTON.-
El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, tuvo que enterarse en Teherán de la imposición de nuevas sanciones a su país por su programa nuclear y de misiles. Ahmadineyad quería ir a Nueva York para estar presente en la votación que tuvo lugar ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se decidió apretar un poco más la soga financiera sobre el cuello de la República Islámica de Irán. Pero Estados Unidos no le dio el visado a tiempo. Así que fue su ministro de Exteriores, Manouchehr Mouttaki, quien se dirigió ayer a los 15 miembros del Consejo, en un intento de convencerles de que el programa nuclear iraní sólo tiene fines pacíficos.
Los esfuerzos de Mouttaki estaban condenados al fracaso de antemano. Tal y como se esperaba, el Consejo de Seguridad impuso ayer un embargo total de ventas de armas iraníes a terceros países, y congeló los activos en el exterior de 28 personas físicas y jurídicas iraníes, varias de ellas vinculadas los Guardianes de la Revolución, una de las dos Fuerzas Armadas con las que cuenta el régimen de los ayatolás.
Dentro de sesenta días, Naciones Unidas volverá a examinar si Irán cumple sus exigencias. En caso contrario, podrá imponer nuevas restricciones económicas y financieras al país.
Las sanciones impuestas ayer van a agravar las dificultades financieras de la República Islámica, que han llevado al Parlamento iraní a adoptar una medida tan impopular como una drástica subida, a partir del 22 de mayo, del precio de la gasolina.
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