Así las cosas, este parón es lo mejor que podía hacer el Gobierno. Pero esta marcha atrás -que tanto recuerda a la protagonizada hace semanas por el Ministerio de Sanidad a propósito de la famosa ley del vino- vuelve a mostrar las enormes deficiencias del Ejecutivo para trabar los consensos necesarios ante cuestiones que requieren acercar intereses contrapuestos.

Los exhibidores cinematográficos y las cadenas de televisión son los agentes que mayor oposición han mostrado al borrador que ya tenía casi cerrado el Ministerio de Cultura. Los primeros, porque no se satisface ninguna de sus reivindicaciones, sobre todo la de reducir la obligación de proyectar en las salas un 25% de cine europeo.

Y las televisiones, las más perjudicadas, se han opuesto no sólo porque hubieran seguido estando obligadas a invertir el 5% de sus ingresos anuales en cine español, sino porque además el anteproyecto les impedía elegir libremente cómo y a qué películas destinar su dinero.

Si ya es discutible que se pueda imponer a un sector privado -como es el televisivo- que financie a otro igualmente privado -en este caso el cinematográfico-, lo que ya resulta inadmisible es el intervencionismo estatal para favorecer al reducido grupo de productores y realizadores que se beneficiarían de esta financiación.

No parece que estas medidas contribuyan en nada a fortalecer una verdadera industria del cine, y, sin embargo, tienen un sospechoso tufo a amiguismo, por cuanto muchos de los denominados productores independientes son cineastas que se han mostrado activos en su apoyo al PSOE.

A partir de ahora, la vicepresidenta del Gobierno va a asumir directamente las conversaciones con el sector. Seguramente tendrá más mano izquierda que Carmen Calvo, aunque parece discutible que el Gobierno tenga que ceder en la única cuestión en la que están de acuerdo todos los sectores implicados: la necesidad de incentivar fiscalmente a esta industria tan singular.